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Regula cómo se pide y se reconoce la compensación económica para las víctimas del amianto, creada por la Ley 21/2022. Fija quiénes pueden cobrarla, cómo se solicita el certificado de patologías y cómo el Instituto Nacional de la Seguridad Social tramita, resuelve y paga la compensación.

Regula el procedimiento previo para decidir en qué grupos o actividades profesionales se permite anticipar la edad de jubilación aplicando coeficientes reductores. Estos supuestos son trabajos excepcionalmente penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres con altos índices de morbilidad o mortalidad. También se aplica a los trabajadores autónomos.

Regula cómo se pide y se decide incluir nuevas enfermedades o patologías en la lista que permite adelantar la jubilación a personas con un 45 % o más de discapacidad. Solo las asociaciones y organizaciones de afectados pueden pedir esa inclusión, y una comisión técnica estudia y valora cada solicitud.

Modifica el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social en materia de incapacidad permanente. Antes de extinguir el contrato de una persona con incapacidad permanente total, la empresa debe intentar ajustes razonables en el puesto de trabajo.

Establece que la emisión y notificación de resoluciones que ponen fin a los trámites de altas y bajas de trabajadores por cuenta ajena en el Régimen General y en el Régimen Especial para la Minería del Carbón se realicen de forma automatizada mediante medios electrónicos, con el sello electrónico de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 11/2024, de 23 de diciembre, que regula la mejora de la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Modifica la Orden PJC/51/2024, que desarrolla las normas de cotización a la Seguridad Social, desempleo, cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para 2024. Ajusta la fracción de cuota que se entrega a las mutuas para financiar la incapacidad temporal por contingencias comunes.

Prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 el plazo del artículo 10.3 del Real Decreto-ley 38/2020. Esa medida permite a ciudadanos de la Unión Europea que residen en España y se desplazan a diario a Gibraltar para trabajar acceder a las prestaciones por desempleo con las cotizaciones acreditadas en Gibraltar.

Este real decreto-ley reúne medidas urgentes en economía, impuestos, transporte y Seguridad Social. Incluye ayudas directas al transporte de viajeros, medidas sobre pensiones y empleo, y apoyo a colectivos vulnerables, como medidas de vivienda. También prorroga medidas para afrontar situaciones de vulnerabilidad social.

Modifica la Ley General de la Seguridad Social para regular la compatibilidad entre cobrar la pensión de jubilación y seguir trabajando. Incluye cambios en la jubilación parcial y la jubilación flexible, y prevé evaluar esas modificaciones.

Modifica varias normas de Seguridad Social y de empleo público para mejorar la protección de las personas que donan en vivo órganos o tejidos para trasplante. Ajusta la normativa para reconocer y proteger la situación de estas personas donantes.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 8/2024, que adopta medidas urgentes complementarias dentro del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre los permisos por nacimiento y cuidado de menor. Declara inconstitucional que la ley no permita a las madres biológicas de familias monoparentales, trabajadoras por cuenta ajena, ampliar su permiso con el que correspondería al otro progenitor.

Establece medidas urgentes para paliar los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024. Incluye ayudas para renovar vehículos dañados, financiación para pymes y empresas turísticas, apoyo al comercio internacional y medidas procesales, energéticas, educativas, culturales y deportivas.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 6/2024, que adopta medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación mantiene vigente esa norma.

Declara «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio dañado por la DANA que afectó a la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Esta declaración permite aplicar las medidas de ayuda previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

Establece medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Incluye ayudas a personas, viviendas, empresas y ayuntamientos, medidas fiscales y de Seguridad Social, y líneas de avales y moratorias para hogares y empresas afectados.

Regula la protección de la seguridad y la salud de las personas que trabajan en el servicio del hogar familiar. Establece cómo evaluar los riesgos del trabajo, qué medidas preventivas adoptar, cómo informar y formar a las trabajadoras y cómo vigilar su salud.

Establece un marco entre España y Guatemala para regular la contratación de trabajadores guatemaltecos en España y de españoles en Guatemala. Distingue entre trabajadores estables (al menos un año) y de temporada (hasta nueve meses al año), y fija cómo se comunican las ofertas de empleo, las condiciones laborales y el retorno.