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El Tribunal Supremo estima el recurso de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y anula el Real Decreto 378/2022, que regulaba la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social. Las subvenciones afectadas sumaban 102.036.066 euros y se enmarcaban en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Este decreto-ley incrementa el indicador de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC), que sirve para valorar la situación económica de las personas y decidir el acceso a prestaciones sociales. El aumento busca mitigar situaciones de necesidad y privación económica de la ciudadanía catalana.

Regula las prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears. Incluye la renta social garantizada, un complemento a las pensiones no contributivas y una renta de emancipación para jóvenes que han estado bajo tutela o guarda de protección de menores. También prevé prestaciones de concurrencia, de urgencia social y de apoyo familiar e inserción.

Actualiza el importe del complemento mensual por cada menor a cargo en la Prestación Canaria de Inserción. También autoriza ceder datos de las personas beneficiarias a la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Canarias para programas piloto de inclusión social.

Regula las prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears: la renta social garantizada, el complemento de renta en las pensiones no contributivas y la renta de emancipación para jóvenes que han estado bajo tutela o guarda de menores. También ordena las prestaciones de concurrencia, de urgencia social y de apoyo familiar e inserción.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para proyectos de inclusión social, con un importe de 102.036.066 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Fija las entidades beneficiarias, las actuaciones y gastos financiables, las cuantías y el procedimiento de concesión, pago y justificación.

Aprueba el pago de una prestación extraordinaria a las personas que reciben pensiones no contributivas, Fondo de Asistencia Social, Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y Prestación Canaria de Inserción en Canarias, por los efectos sociales de la COVID-19. También fija un suplemento extraordinario para titulares de la Prestación Canaria de Inserción en tres municipios afectados por la crisis volcánica.

La ley crea y regula el ingreso mínimo vital, una prestación económica para personas en situación de vulnerabilidad económica. Establece quiénes pueden ser beneficiarios, cómo se calcula la cuantía, el procedimiento para solicitarla y las obligaciones de los beneficiarios.

Modifica el Decreto-ley 10/2020 de prestaciones sociales de las Illes Balears y el Decreto 84/2010 sobre cálculo de la capacidad económica en la Red Pública de Atención a la Dependencia. Ajusta las prestaciones económicas de servicios sociales y concreta las del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Establece las bases para conceder subvenciones a proyectos de innovación que impulsen la desinstitucionalización y los servicios de apoyo comunitarios en cuidados de larga duración. Se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financia proyectos piloto.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para actuaciones de inclusión social, con un importe de 109.787.404 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Establece las entidades beneficiarias, las actuaciones y gastos financiables, las cuantías y el procedimiento de concesión, pago y justificación.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Gobierno de Cataluña contra varios preceptos del Real Decreto-ley 20/2020, que crea el ingreso mínimo vital. La sentencia analiza si el Estado puede asumir la gestión de esta prestación a través del INSS y declara constitucionales los preceptos que le atribuyen esa gestión.

Crea el Sistema Asturiano de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, que reúne el salario social básico, complementos vitales, medidas de incorporación social y laboral y prestaciones vitales como ayudas de emergencia y al alquiler. Regula quién puede acceder, los requisitos, los importes y el régimen de concesión, pago y control.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra varios artículos y disposiciones del Real Decreto-ley 20/2020, que establece el ingreso mínimo vital.

Establece una prestación extraordinaria para paliar los efectos sociales de la COVID-19 en Canarias. Va dirigida a personas que cobran pensiones no contributivas, el Fondo de Asistencia Social, el Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y la Prestación Canaria de Inserción. Regula su cuantía, pago, financiación y beneficiarios.

Modifica el Decreto ley 6/2020 de Canarias, que creó el Ingreso Canario de Emergencia y flexibilizó la tramitación de la Prestación Canaria de Inserción para personas en situación de vulnerabilidad por el COVID-19. El cambio se aprueba mediante un artículo único y una disposición final sobre su entrada en vigor.

Modifica la Ley 19/2017 de renta valenciana de inclusión para adaptarla a la entrada en vigor del ingreso mínimo vital estatal. Reordena y cambia artículos y títulos de esa ley y añade nuevas prestaciones económicas.

Regula las prestaciones sociales de carácter económico en las Illes Balears: la renta social garantizada, un complemento a las pensiones no contributivas, una renta de emancipación para jóvenes tutelados y ayudas de urgencia social. Establece requisitos, importes, duración, gestión y régimen sancionador.