Decreto-ley 1/2024, de 13 de febrero, de incremento del indicador de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC) para mitigar situaciones de necesidad y privación económica de la ciudadanía de Cataluña.

EL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

El artículo 67.6.a) del Estatuto de autonomía de Cataluña establece que los decretos ley los promulga, en nombre del rey, el presidente o presidenta de la Generalitat.

De acuerdo con ello, promulgo el siguiente Decreto-ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Este Decreto ley tiene por objeto incrementar el indicador de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC) para mitigar situaciones de necesidad y privación económica de la ciudadanía de Cataluña.

La lucha contra la pobreza y la exclusión social es uno de los compromisos más firmes de la Generalitat de Catalunya, que trabaja para fortalecer la cohesión social y reducir las desigualdades económicas y la pobreza extrema de la población de Cataluña.

La Ley 13/2006, de 27 de julio, de prestaciones sociales de carácter económico, recoge que la valoración de la situación de necesidad de las personas es el elemento definitorio básico para poder tener derecho o acceso a las prestaciones, como también que los factores determinantes de esta valoración son los ingresos económicos con relación al indicador de renta de suficiencia establecido por ley. Se establece que este indicador (IRSC) se debe fijar periódicamente con la Ley de presupuestos de la Generalitat de Catalunya.

El indicador de renta de suficiencia de Cataluña y su evolución impacta principalmente en varias prestaciones: renta garantizada de ciudadanía; prestaciones económicas creadas por la Ley 13/2006, de 27 de julio, de prestaciones sociales de carácter económico (complementos de pensión no contributiva; complementos de pensiones estatales; mantenimiento de los gastos del hogar; mantenimiento de las necesidades básicas; prestaciones para jóvenes tutelados y extutelados y para el acogimiento de niños), y prestaciones de servicio de la Cartera de Servicios Sociales de Cataluña sujetos a copago, que dan cobertura a más de 250.000 personas beneficiarias.

Estas prestaciones conforman el sistema de protección social de Cataluña, garantizando los elementos básicos para una vida digna a las personas que más lo necesitan. El impacto de esta medida en la lucha contra la pobreza y en la promoción de la inclusión social se ejemplariza año tras año en la Encuesta de condiciones de vida, en la que se puede ver como antes de todas las transferencias sociales la tasa de pobreza en Cataluña es del 42,1 %, pero una vez percibidas las pensiones y otras transferencias se reduce al 26,8 y después de todas las transferencias se reduce hasta el 19,9 %.

El incremento de este indicador permitirá, entre otros: mitigar la pérdida de capacidad de asumir gastos relacionados con la vivienda, teniendo en cuenta la evolución de los precios de alquiler, que ha llevado a un incremento de la tasa de sobrecarga de la vivienda de hasta el 40,3 % para las personas en riesgo de pobreza y que afecta de una manera especial a la población de entre 30 y 44 años; mitigar la pérdida de ingresos netos de las personas beneficiarias del complemento de pensión no contributiva, unas 51.024, que, con la misma situación de privación económica que el 2023, debido a los cambios establecidos en el Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, han visto reducidos los ingresos, en un contexto de inflación de los productos de primera necesidad, mientras que 1.156 personas más han visto extinguido el derecho a la prestación; y reducir los efectos del incremento del índice de precios del consumo (IPC) del 2023 y años anteriores.