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Fija los plazos y procedimientos para cerrar el ejercicio presupuestario de 2025 en las entidades de la Seguridad Social. Ordena cómo tramitar expedientes de gasto, registrar operaciones contables y realizar pagos en los últimos días de diciembre.

Modifica tres resoluciones contables de la Seguridad Social para adaptar el tratamiento de los pagos a justificar al nuevo procedimiento fijado por la Orden HAC/965/2024. Con ello, la imputación de los pagos a las cuentas de gasto o inversión se produce al presentarse la cuenta justificativa.

Establece los plazos y procedimientos para cerrar el ejercicio presupuestario de 2024 en las entidades de la Seguridad Social. Regula la tramitación de expedientes de gasto, la documentación contable, los pagos y las operaciones de fin de año.

Modifica el acuerdo de 2008 sobre el control interno de gastos públicos para añadir un requisito nuevo en las nóminas del ingreso mínimo vital. Cuando una comunidad autónoma reconoce el derecho a esta prestación, deberá enviar una certificación sobre las resoluciones adoptadas y el detalle de perceptores e importes.

Establece los plazos y procedimientos para cerrar la contabilidad del ejercicio 2023 en las entidades que forman el sistema de la Seguridad Social. Regula la tramitación de expedientes de gasto, los pagos y el registro de operaciones al final del año.

Actualiza los acuerdos que fijan qué comprueba la Intervención General antes de autorizar ciertos gastos públicos. Revisa los requisitos básicos para gastos generales, contratos públicos, convenios y transferencias a comunidades autónomas.

Esta resolución dicta las instrucciones contables para tramitar el reintegro de pagos indebidos de prestaciones económicas de la Seguridad Social. Actualiza el procedimiento contable anterior para adaptarlo a la normativa presupuestaria vigente desde 2016. Deroga la resolución anterior de 1995 y fija cuándo entra en vigor.

Aprueba una nueva Instrucción de operatoria contable para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. Reúne en un solo texto las reglas para contabilizar gastos e ingresos, el cierre del ejercicio y la tramitación de distintos tipos de gasto. Deroga la Instrucción anterior de 2014.

Modifica la Orden ISM/48/2021 para eliminar el anexo que fijaba los gastos que podían pagarse con el sistema de fondos «a justificar». A partir de ahora, la lista de conceptos presupuestarios se aprobará cada año mediante resolución del ministro o ministra del ramo.

Modifica la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública para las entidades de la Seguridad Social. Cambia el nombre de algunos indicadores presupuestarios de la memoria de las cuentas anuales para evitar confusión con el «período medio de pago» de la normativa de estabilidad presupuestaria.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Modifica las instrucciones para el cierre del ejercicio 2021 de las entidades de la Seguridad Social. Ajusta los plazos para tramitar expedientes de gasto y remitir documentación contable, para que las operaciones queden registradas antes del último día hábil del año.

Modifica el Real Decreto 706/1997 para permitir que los expedientes de reconocimiento de prestaciones de la Seguridad Social se repartan automáticamente entre las distintas intervenciones delegadas, según las cargas de trabajo. También amplía la competencia territorial de los órganos provinciales de las entidades gestoras.

Fija los plazos y procedimientos para cerrar la contabilidad del ejercicio 2021 en las entidades que forman el sistema de la Seguridad Social. Regula la tramitación de expedientes de gasto, los pagos y el registro de operaciones al final del año.

Modifica el Acuerdo de 2008 sobre el control interno de gastos públicos en régimen de requisitos básicos. Actualiza la comprobación de convenios y de transferencias a comunidades autónomas, adaptándola a la Ley 40/2015.

Establece que el control previo de ciertos gastos públicos se limite a comprobar unos requisitos básicos. Se aplica a convenios y transferencias a comunidades autónomas, y también a entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.