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Modifica una orden anterior para que, durante el estado de alarma por COVID-19, los mutualistas de MUFACE, ISFAS y MUGEJU puedan recoger en la farmacia sus medicamentos sin el sello de visado previo y con recetas prorrogadas. Así se evita que tengan que acudir al médico solo para renovar recetas de tratamientos crónicos.

Establece cómo se mantiene el pago del subsidio por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural a los mutualistas de MUFACE durante el estado de alarma. Regula la comunicación de los órganos de personal a MUFACE y la declaración responsable del mutualista cuando no pueda obtener el parte médico.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, que adopta medidas complementarias en el ámbito laboral para paliar los efectos del COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 11/2020, que recoge medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Establece medidas urgentes para paliar los efectos sociales y económicos del COVID-19. Incluye la suspensión de desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables, prórrogas y moratorias en el alquiler y la hipoteca, ayudas al alquiler y un subsidio extraordinario para empleados de hogar y por fin de contrato temporal.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que recoge medidas urgentes extraordinarias para afrontar el impacto económico y social del COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El Congreso convalida el Real Decreto-ley 4/2020, que elimina el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo previsto en el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, que adopta medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, que adopta medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Establece medidas laborales complementarias para paliar los efectos del COVID-19. Mantiene la actividad de centros sanitarios y de atención a mayores, protege el empleo y regula los ERTE y los contratos temporales durante el estado de alarma.

Durante el estado de alarma por el COVID-19, esta orden suprime temporalmente la obligación de estampillar el sello de visado en las recetas de ciertos medicamentos para los mutualistas de MUFACE, ISFAS y MUGEJU. También permite a estas mutualidades adoptar medidas para que sus afiliados reciban medicamentos de hospitales privados concertados.

El Instituto Social de la Marina prorroga la validez de varios certificados del sector marítimo-pesquero durante la crisis del COVID-19: formación sanitaria específica, revisión de botiquines a bordo y certificados médicos de aptitud para el embarque. También exime temporalmente del certificado médico a quienes se incorporan por primera vez al sector.

Establece medidas urgentes para reducir el impacto económico y social del COVID-19. Incluye apoyo a trabajadores, familias y colectivos vulnerables, ajustes temporales de empleo para evitar despidos, liquidez para empresas y autónomos, y apoyo a la investigación.

Adopta medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Incluye refuerzo del gasto sanitario, apoyo a familias, al turismo y aplazamiento de deudas tributarias. También regula la contratación pública y transferencias de crédito entre administraciones.

Amplía cuatro años, hasta mayo de 2024, la suspensión de los desalojos de vivienda habitual para personas en situación de especial vulnerabilidad. También modifica la ley de reestructuración de entidades de crédito y adopta medidas de protección de la salud pública.

Deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo del artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores. Con ello, deja de permitirse extinguir el contrato con indemnización reducida por superar ciertos porcentajes de ausencias justificadas o injustificadas.