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Modifica el Real Decreto 581/2017 para ajustar el procedimiento de reconocimiento de cualificaciones profesionales en España a la normativa europea. Añade la obligación de informar al solicitante, en el plazo de un mes, de los documentos que falten en su expediente y amplía el plazo para subsanarlos.

Modifica el reglamento de extranjería para cambiar cómo se documenta a los menores extranjeros no acompañados tutelados en España y cómo se renueva o se obtiene permiso de residencia y trabajo al cumplir los 18 años.

Crea una oficina de asistencia en materia de registros dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta oficina ayuda a los ciudadanos a usar medios electrónicos: identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes y obtención de copias auténticas.

Modifica el reglamento que regula la obtención de la nacionalidad española por residencia para permitir que los exámenes de español (DELE) y de conocimientos constitucionales y socioculturales (CCSE) se puedan hacer a distancia por medios electrónicos. El Instituto Cervantes fija en qué casos y con qué requisitos.

Establece subvenciones para crear empleo en el trabajo domiciliario de cuidados y para programas de apoyo contra la exclusión social agravada por la COVID-19. También incluye medidas fiscales sobre el canon del agua y medidas administrativas para el sector público catalán.

Establece el procedimiento para expedir el documento de residencia a los nacionales del Reino Unido y sus familiares que residían en España antes del 31 de diciembre de 2020, conforme al Acuerdo de Retirada. El documento acredita que la residencia se rige por ese Acuerdo.

Prorroga automáticamente las autorizaciones temporales de estancia, residencia y trabajo de personas extranjeras en España, así como las tarjetas de familiar de ciudadano de la Unión y de residencia de larga duración, durante el estado de alarma por el COVID-19. También prorroga visados de larga duración y estancias de hasta noventa días.

Reanuda los procedimientos de adquisición de la nacionalidad española por residencia y para sefardíes originarios de España que estaban en tramitación o se inicien durante el estado de alarma por el COVID-19. Mantiene suspendido el plazo de 180 días para el juramento o promesa y la renuncia a la nacionalidad anterior ante el registro civil.

Modifica el real decreto que declaró el estado de alarma por el COVID-19. Ajusta las actividades permitidas para circular, la suspensión de comercios y locales, el transporte de mercancías y los plazos administrativos y tributarios.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materias como tasas, igualdad, servicios sociales, vivienda, hacienda, justicia, sanidad, educación, economía, agricultura, territorio y transparencia. También reorganiza entes del sector público instrumental y crea el Observatorio Fiscal de la Comunitat Valenciana.