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Modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para regular la multirreincidencia en delitos contra el patrimonio. Introduce cambios en varios artículos del Código Penal y nuevos supuestos agravados, como el robo de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos con datos personales.

Añade a la Ley de Asociaciones una nueva causa de disolución: que un juez disuelva una asociación por hacer apología del franquismo, ensalzando el golpe de Estado de 1936, la dictadura o a sus dirigentes, con menosprecio a las víctimas o incitación al odio contra ellas.

Autoriza a España a ratificar cuatro enmiendas al artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Las enmiendas añaden supuestos de crímenes de guerra: uso de armas biológicas, de fragmentos no detectables por rayos X y láser cegadoras, y hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra.

Reorganiza la Justicia para crear los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios, y regula los medios adecuados de solución de controversias fuera de los tribunales. También modifica varias leyes procesales para adaptarlas a esta nueva organización.

Regula el derecho de defensa de las personas en cualquier situación de controversia jurídica, con especial atención al ámbito penal. Fija su contenido, las garantías de la asistencia jurídica y los deberes y garantías de los profesionales de la abogacía.

Modifica la ley que regula el intercambio de antecedentes penales entre países de la Unión Europea para adaptarla al sistema europeo ECRIS. Incluye datos como la imagen facial y las huellas, y regula la identificación de condenas de nacionales de terceros países.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Eleva a veinte años el tiempo exigido en la carrera judicial para ser magistrado del Tribunal Supremo y regula la excedencia voluntaria de jueces y magistrados que accedan a cargos públicos o políticos.

La ley establece una amnistía para determinados actos relacionados con el proceso independentista en Cataluña. Fija qué hechos quedan amparados y cuáles se excluyen, y regula cómo se extinguen las responsabilidades penal, administrativa y contable. También indica qué órganos aplican la amnistía y con qué procedimiento.

Modifica el Código Penal en materia de delitos contra la libertad sexual para evitar que en casos graves se apliquen las penas mínimas de los nuevos marcos penales. También corrige omisiones sobre responsabilidad penal de personas jurídicas y sobre la difusión de contenidos que incitan a agresiones sexuales a menores de dieciséis años.

Modifica el Código Penal para reforzar la protección de los animales. Amplía los animales protegidos a todos los vertebrados, incluidos los silvestres, y actualiza los delitos de maltrato, explotación sexual y abandono.

Modifica la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Añade medidas sobre salud menstrual, anticoncepción, educación sexual y formación de profesionales. También regula la actuación frente al aborto forzoso y la gestación por sustitución.

Reforma el Estatuto de Autonomía de Aragón para eliminar el aforamiento de los diputados de las Cortes de Aragón y de los miembros del Gobierno de Aragón. También fija un mínimo de 14 escaños por provincia en las elecciones a las Cortes de Aragón.

Modifica el Código Penal para adaptarlo a directivas europeas y reforma los delitos contra la integridad moral, los desórdenes públicos y el contrabando de armas de doble uso. También cambia normas procesales para revisar sentencias y recursos.

Modifica el Código Penal para añadir un supuesto agravado del delito de trata de seres humanos. Se aplica cuando la víctima es una persona cuya vulnerabilidad se origina o agrava por un desplazamiento debido a un conflicto armado o una catástrofe humanitaria.

Modifica el Código Penal en materia de imprudencia al conducir vehículos a motor o ciclomotor. Cambia el artículo 142 y el 152 para considerar imprudencia grave ciertos supuestos de conducción con circunstancias del artículo 379 cuando se produce muerte o lesiones. También modifica la Ley de Tráfico.

Establece medidas para garantizar la protección integral frente a las violencias sexuales. Incluye prevención y detección en ámbitos educativo, sanitario, laboral y digital, formación de profesionales, asistencia integral a las víctimas y actuación policial y judicial.

Establece normas para que las autoridades competentes puedan acceder e intercambiar información financiera con el fin de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos graves, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Regula el acceso al Fichero de Titularidades Financieras y el intercambio de datos con organismos nacionales y europeos, con reglas de protección de datos.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar el reparto de competencias entre los Juzgados de lo Mercantil y las secciones especializadas de las Audiencias Provinciales. Con ello se busca agilizar los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, adaptando la legislación española a la Directiva (UE) 2019/1023.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el Consejo General del Poder Judicial, cuando está en funciones, pueda proponer el nombramiento de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde designar. Fija un plazo máximo de tres meses desde el fin del mandato anterior para hacer la propuesta, por mayoría de tres quintos.