Buscar en el BOE

Establece que el 85% de la recaudación de las sanciones por incumplir la normativa del primer estado de alarma por la COVID-19, denunciadas por ayuntamientos de Cataluña, se transfiera a esos ayuntamientos. También modifica varias normas sobre presupuestos, tributos, financiación y servicios sociales.

Establece que el Departamento de Justicia debe facilitar al Departamento de Salud los datos identificativos y de contacto del personal que trabaja o colabora en centros penitenciarios y centros educativos de justicia juvenil. El fin es gestionar y hacer seguimiento de las pruebas diagnósticas de la COVID-19 en estas personas.

Modifica el artículo 4 del Decreto-ley 10/2020 para ajustar las medidas extraordinarias sobre el funcionamiento de asociaciones, fundaciones y juntas de propietarios tras el fin del estado de alarma. Regula el cómputo de plazos para reunir sus órganos y adoptar acuerdos.

Establece medidas organizativas en el ámbito sanitario, social y de salud pública para afrontar la COVID-19. Permite a enfermeras del ICAM acceder a historias clínicas en trámites de incapacidad temporal, regula la comunicación de datos del personal de servicios sociales residenciales y crea el Registro de vacunación de Cataluña. También modifica dos decretos-ley anteriores.

La ley regula la actuación de los poderes públicos de Cataluña ante la desaparición forzada de menores. Reconoce derechos a las víctimas, como el derecho a la verdad, a la tutela judicial y a la reparación. Crea una oficina de atención a las víctimas y bases de datos de afectados y de identificadores de ADN.

Modifica el Código civil de Cataluña para que los hijos menores de edad puedan recibir atención y asistencia psicológicas sin el consentimiento del progenitor que está siendo procesado o condenado por atentar contra el otro progenitor o contra los propios hijos. La medida se aplica mientras no se extinga la responsabilidad penal y se informa previamente al progenitor afectado.

Establece un régimen sancionador específico en Cataluña para quien incumpla las medidas de prevención y contención sanitarias frente a la COVID-19. Regula la inspección, las infracciones y su clasificación, las sanciones y el procedimiento para imponerlas.

Modifica el Código civil de Cataluña en materia de persona y familia y la Ley de mediación en el ámbito del derecho privado. Introduce cambios para impulsar la mediación en conflictos familiares y civiles, y renombra el Centro de Mediación de Derecho Privado de Cataluña.

Modifica la Ley 14/2010 para que los menores huérfanos tutelados por la Generalidad no tengan que contribuir con sus pensiones o prestaciones al coste de los servicios sociales que reciben. También regula cómo la Administración gestiona esas prestaciones.

Establece medidas fiscales, financieras, administrativas y de sector público para completar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2020. Crea y regula el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y modifica varios tributos propios y cedidos.

Regula la participación institucional y el diálogo social permanente de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en Cataluña. Incluye además medidas sobre contratación pública, subvenciones, entidades del sector público y materia tributaria.

Establece medidas urgentes para afrontar el impacto del COVID-19 en Cataluña. Incluye recuperar un complemento del personal sanitario, agilizar el destino final de los fallecidos y regular el funcionamiento de entidades deportivas y personas jurídicas.

Establece un régimen transitorio para conceder indemnizaciones y ayudas a mujeres víctimas de violencia machista y a sus hijos e hijas, mientras se modifica el Decreto 80/2015. Regula la competencia, las solicitudes y la documentación necesaria.

Modifica la definición de vivienda vacía en la normativa catalana de vivienda. Una vivienda se considera vacía si está desocupada sin causa justificada más de dos años. Enumera las causas justificadas de desocupación.

Modifica varias leyes de vivienda y urbanismo de Cataluña para ampliar la oferta de vivienda a precios moderados y de protección pública en alquiler. Ajusta el planeamiento urbanístico, el patrimonio público de suelo y vivienda y las reservas para vivienda protegida.