Buscar en el BOE

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, que regula medidas para reducir la temporalidad en el empleo público. El tribunal se reserva el conocimiento del asunto y abre un plazo para que las partes del procedimiento judicial de origen se personen.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos disposiciones adicionales de la Ley 20/2021, que regula la reducción de la temporalidad en el empleo público. El tribunal se reserva el conocimiento del asunto. Las partes del procedimiento judicial de origen pueden personarse en 15 días.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos disposiciones adicionales de la Ley 20/2021, que regula la reducción de la temporalidad en el empleo público. El tribunal se reserva el conocimiento del asunto. Las partes del procedimiento judicial de origen pueden personarse en 15 días.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat de Cataluña contra varios preceptos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara que parte del proceso ha perdido objeto porque esos preceptos ya fueron juzgados en sentencias anteriores, y se pronuncia sobre la constitucionalidad de los preceptos relativos a la actividad del Estado en subvenciones de vivienda.

España renueva su reserva al Convenio penal sobre la corrupción del Consejo de Europa. La reserva permite exigir que un hecho sea delito también en el país donde se cometió (doble incriminación) para perseguir a españoles por delitos cometidos en el extranjero. La renovación dura tres años desde el 1 de agosto de 2025.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Modifica varias leyes de Castilla y León para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas y precios públicos, hacienda pública, personal de la administración, subvenciones, urbanismo, vivienda, medio ambiente, pesca, caza y régimen local. También crea una autoridad independiente contra la corrupción.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3/2024 de la Junta de Andalucía, que adopta medidas de simplificación y racionalización administrativa y de impulso de la actividad económica. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat de Cataluña contra varios artículos y disposiciones de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Xunta de Galicia contra varios artículos y disposiciones de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. El recurso cuestiona preceptos concretos de esa ley ante el Tribunal Constitucional.

Regula el patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia: qué bienes y derechos lo forman, cómo se adquieren, usan, protegen y venden, y cómo se gestionan sus edificios. Incluye el procedimiento para declarar a la Comunidad heredera cuando alguien muere sin testamento.

Desarrolla la Ley 52/1997 sobre la asistencia jurídica al Estado. Regula cómo la Abogacía General del Estado emite informes y defiende al Estado en juicios, y cómo presta asistencia a órganos constitucionales y entidades públicas. Sustituye al reglamento anterior de 2003.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Parlamento de Cataluña contra varios preceptos del Real Decreto-ley 14/2019, que regula la identidad digital, la contratación pública y la seguridad en telecomunicaciones. La sentencia analiza si el Gobierno justificó la urgencia de la norma y si algunas medidas invaden competencias autonómicas.

El Tribunal Constitucional resuelve un conflicto de competencias planteado por el País Vasco contra varios artículos del Reglamento de actuación del sector público por medios electrónicos. El conflicto se extingue porque ha perdido su objeto de forma sobrevenida.

Establece las reglas generales y el procedimiento para que las Administraciones Públicas Vascas ejerzan la potestad sancionadora en cualquier materia. Regula principios como culpabilidad, tipicidad y responsabilidad, y fija cómo se inicia, instruye y resuelve un procedimiento sancionador.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos del Real Decreto-ley 14/2019, que regula medidas urgentes en administración digital, contratación pública y telecomunicaciones. La sentencia analiza si la norma respetó los límites del decreto-ley y la distribución de competencias, y declara la constitucionalidad de los preceptos que modifican la administración y firma electrónica e intervención, seguridad y disciplina de redes y servicios de comunicaciones.

España renueva su reserva al Convenio penal sobre la corrupción del Consejo de Europa. La reserva permite exigir la doble incriminación para perseguir delitos de corrupción cometidos por españoles en el extranjero. La renovación vale tres años desde el 1 de agosto de 2022.