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Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materias administrativas y tributarias para aplicar los objetivos de los presupuestos de 2025. Ajusta normas sobre hacienda, archivos, educación, montes, patrimonio cultural, ordenación del territorio, infancia, integridad pública y juego.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado de Toledo sobre un apartado de la Ley de Castilla-La Mancha 1/2012, por posible vulneración de los artículos 14 y 149.1.18.ª de la Constitución. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

Declara «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio dañado por la DANA que afectó a la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Esta declaración permite aplicar las medidas de ayuda previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz, según el número de habitantes del municipio. Se aplica a los ayuntamientos de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz en 2023. Las cuantías se asignan por tramos según la población de derecho del municipio.

La ley regula la atención y protección de los niños y adolescentes en Castilla-La Mancha. Establece derechos, órganos de participación y protección, medidas de prevención y apoyo a las familias, y procedimientos ante situaciones de riesgo, desamparo, acogimiento y adopción.

La ley regula los derechos de las personas LGTBI en Castilla-La Mancha y prohíbe la discriminación por pertenencia a este colectivo. Establece medidas en sanidad, educación, empleo, familia, cultura, deporte, migraciones y medio rural, y crea órganos como el Consejo LGTBI y un servicio de atención integral. Incluye un régimen de infracciones y sanciones.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra un apartado de la Ley de presupuestos de Castilla-La Mancha de 2020 que suprimió la obligación del Gobierno regional de informar trimestralmente al Parlamento sobre subvenciones directas. La sentencia analiza si esa supresión respeta los límites materiales de las leyes de presupuestos.

Establece medidas para tramitar más rápido los procedimientos administrativos de la Junta de Castilla-La Mancha relacionados con los fondos europeos de recuperación. Regula la organización de los órganos que los gestionan, la tramitación de convenios, subvenciones y contratos, el control del gasto y el refuerzo de personal.

Modifica la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha para elevar de 601 a 15.001 euros la cuantía mínima de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que deben ser dictaminadas por el Consejo Consultivo. Incluye expresamente las reclamaciones tramitadas por las entidades locales.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el apartado cinco de la disposición final cuarta de la Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2020. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores.