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Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz u oficinas de justicia en los municipios. La cuantía depende del número de habitantes del municipio y se aplica al crédito de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogados para 2025.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz, según el número de habitantes del municipio. Se aplica a los ayuntamientos de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y anula el Real Decreto 378/2022, que regulaba la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social. Las subvenciones afectadas sumaban 102.036.066 euros y se enmarcaban en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Modifica varias leyes de Castilla y León para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas y precios públicos, hacienda pública, personal de la administración, subvenciones, urbanismo, vivienda, medio ambiente, pesca, caza y régimen local. También crea una autoridad independiente contra la corrupción.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz en 2023. Las cuantías se asignan por tramos según la población de derecho del municipio.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra varios preceptos y anexos de la Ley de caza de Castilla y León que permitían cazar lobos al norte del río Duero. Declara nulos esos preceptos porque la normativa básica estatal protege a todas las poblaciones de lobo en España.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno contra varios artículos y anexos de la Ley de caza de Castilla y León. El recurso se refiere a normas sobre la caza del lobo al norte del río Duero y a la valoración de esta especie.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado por senadores contra el Decreto-ley 6/2020 de la Junta de Castilla y León, que regulaba la participación de los entes locales en fondos autonómicos. La sentencia examina si existía la extraordinaria y urgente necesidad que justifica el uso del decreto-ley.

La ley establece medidas tributarias, financieras y administrativas para aplicar los presupuestos de Castilla y León de 2021. Modifica normas sobre tributos propios y cedidos, tasas, hacienda pública y organización administrativa, y regula la gestión de fondos europeos Next Generation EU.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Defensor del Pueblo contra varios preceptos de la Ley 9/2019 de Castilla y León, que modificó la Ley de caza de esa comunidad. La sentencia examina si esos preceptos, sobre especies cazables y periodos hábiles de caza, respetan la legislación básica estatal de protección del medio ambiente.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley 9/2019, que modificó la Ley de caza de Castilla y León. La sentencia declara que los preceptos cuestionados son constitucionales porque establecen una ordenación general de la actividad cinegética y no responden a una medida cautelar judicial.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 6/2020 de la Junta de Castilla y León, que regula medidas urgentes de recuperación económica y social en el ámbito local. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra un precepto de una ley de Castilla y León que creó un impuesto autonómico sobre el riesgo ambiental de las centrales nucleares. La sentencia declara nulo ese precepto porque coincide con el impuesto estatal sobre el combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley 9/2019, que modificó la Ley de Caza de Castilla y León. El tribunal se reserva el conocimiento del asunto y abre un plazo para que las partes del procedimiento se personen.