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El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra la Ley 1/2026 de las Illes Balears, que deroga la ley autonómica de memoria y reconocimiento democráticos. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, queda suspendida la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados.

El Tribunal Constitucional resuelve un recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos del Decreto-ley balear 5/2024, que modificaba normas autonómicas en materias como espacios naturales, agricultura, educación, empleo público, turismo, urbanismo y vivienda. La sentencia analiza si el decreto-ley justificó la extraordinaria y urgente necesidad y si respetó los límites materiales.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 4 c) del Decreto-ley 11/2020 de las Illes Balears, que creó un régimen sancionador para incumplir las normas dictadas durante la crisis de la COVID-19. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

Fija los días inhábiles de 2026 en las Illes Balears para contar los plazos administrativos. Incluye los sábados, domingos, 12 festivos autonómicos y nacionales, y las fiestas locales de cada municipio. También indica qué días son inhábiles para la Sede Electrónica autonómica.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos y disposiciones de la Ley 4/2025 de las Illes Balears, que regula actuaciones urgentes para obtener suelo mediante proyectos residenciales estratégicos. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz u oficinas de justicia en los municipios. La cuantía depende del número de habitantes del municipio y se aplica al crédito de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogados para 2025.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra dos disposiciones del Decreto-ley de Illes Balears 5/2023, que suprimió la exigencia de un nivel de catalán como requisito para acceder a puestos sanitarios del Servicio de Salud de las Illes Balears y derogó los preceptos de la Ley 4/2016 que se le opusieran.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios apartados del artículo 7 y una letra de la disposición derogatoria única del Decreto-ley 5/2024 de las Illes Balears, que modifica normas sobre espacios naturales, agricultura, educación, empleo público, turismo, urbanismo y vivienda.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 1.1 del Decreto-ley 5/2021 de las Illes Balears, que modificaba la Ley de salud pública autonómica. Declara nulos los preceptos que habilitaban a órganos autonómicos a adoptar medidas preventivas y tipificar infracciones en salud pública, por invadir límites materiales de los decretos-leyes autonómicos.

Declara «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio dañado por la DANA que afectó a la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Esta declaración permite aplicar las medidas de ayuda previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz, según el número de habitantes del municipio. Se aplica a los ayuntamientos de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre la norma balear que obliga a reservar con 30 minutos de antelación los servicios de alquiler de vehículos con conductor. Declara nulo ese precepto por vulnerar la libertad de empresa.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de varias empresas eléctricas contra la Orden TED/1315/2022, que regula las subastas de combustible y los valores de referencia para instalaciones eléctricas en territorios no peninsulares. Declara contrarios a derecho varios puntos sobre las fechas de aplicación de los precios de referencia y de la retribución por costes de logística, y anula el inciso sobre el coste de puesta en puerto del gas en Canarias y Melilla.

El Tribunal Supremo corrige errores materiales en su sentencia de 22 de julio de 2024. Cambia la fecha de 1 de enero de 2022 por 1 de enero de 2020 en varios fundamentos de derecho y en el fallo.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Crea el Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los Cargos Públicos de las Illes Balears. Regula las declaraciones de patrimonio y de actividades de los cargos públicos y la organización del Registro. Dispone la liquidación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción y la integración de registros existentes.

Modifica la Ley 4/2014 de transportes terrestres de las Illes Balears para regular los servicios de taxi y de vehículos de arrendamiento con conductor (VTC) de hasta nueve plazas. Establece condiciones de explotación y suspende nuevas autorizaciones.