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El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 15/2021 de la Generalitat de Catalunya, que crea el Fondo Complementario de Riesgos. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

Establece medidas para tramitar más rápido los procedimientos administrativos de la Junta de Castilla-La Mancha relacionados con los fondos europeos de recuperación. Regula la organización de los órganos que los gestionan, la tramitación de convenios, subvenciones y contratos, el control del gasto y el refuerzo de personal.

Crea el Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Catalunya para cubrir las reclamaciones que puedan sufrir los empleados públicos y altos cargos por actos u omisiones relacionados con el ejercicio de su cargo. Regula quién puede acogerse, qué riesgos cubre, las condiciones para solicitarlo y la obligación de devolver lo percibido.

Crea la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, que investiga e inspecciona posibles casos de fraude y corrupción en la Administración andaluza, las administraciones locales y las universidades públicas. Establece también un régimen de protección para las personas que denuncian y un régimen sancionador por infracciones.

Modifica el artículo 68 de la Ley Foral 14/2004, que regula la situación de cargos públicos electos o de libre designación investigados por delitos de corrupción. Establece que, al conocer un auto judicial que les atribuye la condición de investigados por determinados delitos del Código Penal, su permanencia en el cargo se entiende incompatible con la confianza ciudadana y el prestigio institucional.

Reforma el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia para eliminar el aforamiento especial de los diputados regionales y de los miembros del Consejo de Gobierno. También regula la responsabilidad política del Consejo de Gobierno ante la Asamblea, la cuestión de confianza y la moción de censura.

Modifica la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha para elevar de 601 a 15.001 euros la cuantía mínima de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que deben ser dictaminadas por el Consejo Consultivo. Incluye expresamente las reclamaciones tramitadas por las entidades locales.