Buscar en el BOE

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra la Ley 1/2026 de las Illes Balears, que deroga la ley autonómica de memoria y reconocimiento democráticos. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, queda suspendida la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados.

Modifica la Circular 1/2026, que regula el Registro de Alias de la CNMC. El cambio busca facilitar que los titulares de alias puedan actuar ante el registro sin depender de un certificado digital, tras superarse las 75.000 solicitudes en dos meses.

El Congreso convalida el Real Decreto-ley 6/2026, que modifica la Ley de Memoria Democrática. La norma trata el reconocimiento a favor de personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la Democracia.

Regula el Registro de Alias que gestiona la CNMC, donde las empresas y administraciones públicas deben inscribir los nombres alfanuméricos que usan como remitente en mensajes SMS/MMS/RCS. Los operadores deben bloquear los mensajes con alias no inscritos o enviados por proveedores no habilitados.

Modifica la Ley de Memoria Democrática para reconocer a las personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la Democracia. También cambia la Ley del IRPF y un real decreto sobre el abono de indemnizaciones.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto entre órganos constitucionales presentado por el Senado contra el Congreso de los Diputados. El conflicto se refiere a un acuerdo de la Mesa del Congreso de 15 de octubre de 2024 sobre un proyecto de ley orgánica que adapta la normativa española al Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS).

Actualiza el Reglamento del Senado. Cambia normas sobre derechos y deberes de los senadores, la organización de la Junta de Portavoces y las comisiones, el desarrollo de las sesiones y las votaciones, el trámite de las leyes y el control al Gobierno. Crea dos comisiones nuevas.

Modifica el real decreto que regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ). Adapta estos registros a la Ley Orgánica 4/2024, que traspone una directiva europea sobre intercambio de antecedentes penales. Incluye la creación de un Registro Central de Menores.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra la ley de Cantabria que derogó la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, queda suspendida la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados.

Este real decreto-ley reúne medidas urgentes en economía, impuestos, transporte y Seguridad Social. Incluye ayudas directas al transporte de viajeros, medidas sobre pensiones y empleo, y apoyo a colectivos vulnerables, como medidas de vivienda. También prorroga medidas para afrontar situaciones de vulnerabilidad social.

España ratifica el Convenio del Consejo de Europa contra la manipulación de competiciones deportivas. El Convenio obliga a los Estados a prevenir, detectar y sancionar los amaños de partidos, y a cooperar entre autoridades, organizaciones deportivas y casas de apuestas. España se reserva no aplicar una parte del artículo 19 sobre competencia judicial.

Regula el derecho de defensa de las personas en cualquier situación de controversia jurídica, con especial atención al ámbito penal. Fija su contenido, las garantías de la asistencia jurídica y los deberes y garantías de los profesionales de la abogacía.

Modifica la ley que regula el intercambio de antecedentes penales entre países de la Unión Europea para adaptarla al sistema europeo ECRIS. Incluye datos como la imagen facial y las huellas, y regula la identificación de condenas de nacionales de terceros países.

Modifica el Real Decreto 95/2009, que regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ). El cambio busca que la información penal sobre profesionales con inhabilitación o prohibición para ejercer en el ámbito docente y sanitario pueda enviarse al mecanismo de alerta europeo (IMI).

Modifica la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia. Sustituye el Consejo de la Transparencia por un Comisionado de Transparencia, órgano unipersonal e independiente, y crea una Comisión de Transparencia para resolver reclamaciones antes de acudir a los tribunales.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra la Ley 1/2024 de Aragón, que derogó la ley de memoria democrática aragonesa de 2018. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la ley impugnada queda suspendida en su vigencia y aplicación.

Prorroga tres años el Acuerdo Internacional Administrativo entre el Consejo General del Poder Judicial de España y el Consell Superior de Justicia de Andorra. Mantiene el marco de colaboración en formación, inspección, estadística e intercambio de información y jurisprudencia.