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El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra varios apartados de la Ley Foral de presupuestos de Navarra de 2023 que modificaban la ley foral de contratos públicos. Anula en parte el precepto navarro que ampliaba la reserva de contratos a entidades no previstas en la legislación básica estatal y declara extinguido en parte el recurso por pérdida de objeto.

El Tribunal Constitucional estima el recurso del presidente del Gobierno y declara inconstitucional el artículo único de la Ley Foral 5/2024 de Navarra, que modificaba el artículo 53 de la Ley Foral 8/2005 de protección civil y emergencias. El precepto clasificaba como bomberos a los puestos de conductor auxiliar y peón auxiliar de bombero, lo que extendía un régimen de Seguridad Social no previsto en la normativa estatal.

Establece la estructura de las Oficinas de Justicia en los municipios de Navarra y de sus agrupaciones, en sustitución de los Juzgados de Paz, conforme a la Ley Orgánica 1/2025. Fija los centros de destino antes de aprobar las relaciones de puestos de trabajo y los procesos de acoplamiento del personal.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 175.2 de la Ley Foral de haciendas locales de Navarra, que fija cómo se calcula la base del impuesto sobre el aumento de valor de los terrenos urbanos. La sentencia se apoya en doctrina anterior que anuló el sistema objetivo de cálculo de ese impuesto.

Amplía las funciones de la Administración del Estado traspasadas a la Comunidad Foral de Navarra en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, aprobando el Acuerdo de la Junta de Transferencias de 25 de marzo de 2025.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno contra el artículo único de la Ley Foral 5/2024, que modifica el artículo 53 de la Ley Foral 8/2005 de protección civil y atención de emergencias de Navarra.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre los apartados 1 y 2 del artículo 6 de la Ley Foral 16/2022 de Navarra, que regula la reducción de la temporalidad en puestos de funcionarios con habilitación. El tribunal se reserva el conocimiento del caso por posible vulneración de los artículos 23.2 y 14 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre los apartados 1 y 2 del artículo 6 de la Ley Foral 16/2022 de Navarra, que regula la reducción de la temporalidad en puestos reservados a funcionarios con habilitación. El tribunal se reserva el conocimiento del asunto y abre un plazo para que las partes del procedimiento judicial se personen.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre los apartados 1 y 2 del artículo 6 de la Ley Foral 16/2022 de Navarra, que regula la reducción de la temporalidad en puestos reservados a funcionarios con habilitación. Se cuestiona si esos apartados vulneran los artículos 23.2 y 14 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos artículos de la Ley Foral 19/2022 de Navarra, que regula procesos de estabilización de empleo público temporal. La plantea el Tribunal Superior de Justicia de Navarra por posible vulneración de los artículos 23.2 y 14 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre los apartados 1 y 2 del artículo 6 de la Ley Foral 16/2022 de Navarra, que regula la reducción de la temporalidad en puestos de funcionarios con habilitación. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 175.2 de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra, en su redacción de abril de 2015. La Sala Segunda estudiará si ese artículo vulnera el artículo 31.1 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra dos apartados de la Ley Foral 17/2021 de Navarra. Declara la extinción parcial del proceso y anula el precepto que excluía ciertos servicios jurídicos de la ley de contratos, por invadir competencias básicas del Estado.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno contra varios apartados de la disposición final segunda de la Ley Foral 35/2022, de Presupuestos Generales de Navarra para 2023. Los apartados impugnados se refieren a centros especiales de empleo, empresas de inserción y contratos por especialidad artística.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno contra dos apartados de la Ley Foral 17/2021 de Navarra, que modifican la Ley Foral de Contratos Públicos. Se impugnan las nuevas letras l) y m) del artículo 7.1 y una nueva disposición adicional vigesimoprimera.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra varios preceptos de la Ley Foral 21/2019 de Navarra, que modificó su Derecho civil foral. La sentencia anula las referencias al principio de paridad de ordenamientos e interpreta otros preceptos conforme a la Constitución.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra la Ley Foral 16/2019 de Navarra, que reconoce y repara a las víctimas de actos de motivación política de grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. La sentencia interpreta varios preceptos de esa ley conforme a la Constitución, en particular el deber de colaboración de los poderes públicos navarros y las funciones de la Comisión de Reconocimiento y Reparación.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra la Ley Foral 16/2019, que reconoce y repara a víctimas de actos de motivación política de grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. La sentencia interpreta varios preceptos conforme a la Constitución, en particular sobre el deber de colaboración y las funciones de la Comisión de Reconocimiento y Reparación.

El Tribunal Constitucional declara nulo el artículo 40 de la Ley Foral 7/2006 de Navarra, que permitía calificar las infracciones de consumo como leves, graves o muy graves según unos criterios generales. El tribunal considera que ese precepto no concreta qué circunstancias determinan cada calificación y vulnera el derecho a la legalidad sancionadora.