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Cambia la dirección electrónica de la sede electrónica de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI). La nueva dirección es https://proteccioninformante.sede.gob.es. La dirección anterior seguirá accesible durante el tiempo necesario para la transición.

Crea el Comité de Integridad del Ministerio de Hacienda y fija su composición y funciones. También regula el Comité Antifraude y la Comisión del Sistema Interno de Información, y cómo se coordinan estos tres órganos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto entre órganos constitucionales presentado por el Senado contra el Gobierno. El Senado pidió que el Presidente del Gobierno compareciera ante su Pleno para informar sobre varios accidentes ferroviarios, y el Gobierno rechazó ese requerimiento.

Fija el 1 de septiembre de 2025 como fecha de inicio de actividad de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Hasta el 1 de noviembre de 2025, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes le seguirá prestando servicios de personal, logística, contratación, informática y web.

Modifica varias circulares de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para adaptarlas al Reglamento europeo sobre mercados de criptoactivos. Establece cómo los proveedores de servicios de criptoactivos deben remitir información a la CNMV para su supervisión.

Modifica la Orden EHA/2043/2010 para regular cómo las entidades del sector público empresarial y fundacional del Estado envían sus cuentas anuales a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Incluye a las entidades no auditadas por la IGAE, a las filiales en el extranjero y a las sociedades y fondos de capital riesgo. También hace opcional el informe del artículo 129.3 de la Ley General Presupuestaria en la formulación.

Regula cómo las Comunidades Autónomas sin órgano de control externo propio deben rendir telemáticamente sus Cuentas Generales al Tribunal de Cuentas, y fija el formato de esas cuentas. Se aplica desde la cuenta correspondiente al ejercicio 2024.

Desarrolla el mecanismo para fomentar el uso de biocarburantes y otros combustibles renovables en el transporte. Establece objetivos obligatorios de venta o consumo, un sistema de certificación y un régimen de control y sanciones.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Xunta de Galicia contra varios artículos y disposiciones de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. El recurso cuestiona preceptos concretos de esa ley ante el Tribunal Constitucional.

La Diputación Permanente del Congreso convalida el Real Decreto-ley 5/2023, que mantiene y prorroga medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, apoya la reconstrucción de La Palma y atiende otras situaciones de vulnerabilidad. También incorpora al ordenamiento español directivas europeas sobre modificaciones estructurales de sociedades y conciliación de la vida familiar y laboral.

Modifica el procedimiento de notificación de sustancias y mezclas químicas al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Permite notificar el cese de comercialización a través de la herramienta de la agencia europea ECHA y elimina la necesidad de un acuse de recibo del Instituto para cumplir la obligación legal.

El Tribunal de Cuentas aprueba una instrucción para fiscalizar las contabilidades de las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo de 2023. Fija los criterios técnicos y la documentación que las formaciones políticas deben enviar por vía electrónica.

Regula cómo se declaran los movimientos de medios de pago (efectivo y otros) al entrar o salir de España o dentro del territorio nacional. Establece qué movimientos requieren declaración previa, los modelos, cómo y dónde presentarlos, y la intervención de los medios de pago si no se declaran.

Modifica la Instrucción que regula cómo los partidos políticos y sus fundaciones presentan telemáticamente sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas. Establece el formato de esas cuentas y el cumplimiento de las obligaciones de información. Incluye dos disposiciones transitorias.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 24/2021, que traspone varias directivas de la Unión Europea. Las materias son bonos garantizados, fondos de inversión transfronterizos, datos abiertos del sector público, derechos de autor en línea, exenciones temporales a importaciones y suministros, derechos de las personas consumidoras y promoción de vehículos de transporte por carretera limpios.

Establece el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para tramitar las solicitudes de fondos europeos. Fija principios de gestión, reglas de seguimiento de hitos y objetivos, etiquetado verde y digital, control del fraude y un sistema de información.

Aprueba nuevos modelos para presentar las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Incluye en la instancia de presentación datos del informe de auditoría (fecha de emisión, tipo de auditoría y número de ROAC del auditor) y ajusta el tratamiento de la información no financiera.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 3/2021, de regulación de la eutanasia. El recurso lo presentan cincuenta diputados y pide anular la ley entera o, si no, varios artículos y disposiciones concretos.

Establece los requisitos cuantitativos y cualitativos para que las hipótesis biométricas (tablas de mortalidad y supervivencia) usadas por aseguradoras y reaseguradoras sean adecuadas al calcular tarifas de primas y provisiones técnicas. También fija la metodología para elaborar tablas propias y criterios de buen gobierno, y modifica la Circular 1/2018.