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El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra la Ley 1/2026 de las Illes Balears, que deroga la ley autonómica de memoria y reconocimiento democráticos. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, queda suspendida la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados.

Modifica la Circular 1/2026, que regula el Registro de Alias de la CNMC. El cambio busca facilitar que los titulares de alias puedan actuar ante el registro sin depender de un certificado digital, tras superarse las 75.000 solicitudes en dos meses.

El Congreso convalida el Real Decreto-ley 6/2026, que modifica la Ley de Memoria Democrática. La norma trata el reconocimiento a favor de personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la Democracia.

Regula el Registro de Alias que gestiona la CNMC, donde las empresas y administraciones públicas deben inscribir los nombres alfanuméricos que usan como remitente en mensajes SMS/MMS/RCS. Los operadores deben bloquear los mensajes con alias no inscritos o enviados por proveedores no habilitados.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto entre órganos constitucionales presentado por el Senado contra el Congreso de los Diputados. El conflicto se refiere a un acuerdo de la Mesa del Congreso de 15 de octubre de 2024 sobre un proyecto de ley orgánica que adapta la normativa española al Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS).

Actualiza el Reglamento del Senado. Cambia normas sobre derechos y deberes de los senadores, la organización de la Junta de Portavoces y las comisiones, el desarrollo de las sesiones y las votaciones, el trámite de las leyes y el control al Gobierno. Crea dos comisiones nuevas.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra la ley de Cantabria que derogó la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, queda suspendida la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados.

España ratifica el Convenio del Consejo de Europa contra la manipulación de competiciones deportivas. El Convenio obliga a los Estados a prevenir, detectar y sancionar los amaños de partidos, y a cooperar entre autoridades, organizaciones deportivas y casas de apuestas. España se reserva no aplicar una parte del artículo 19 sobre competencia judicial.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra la Ley 1/2024 de Aragón, que derogó la ley de memoria democrática aragonesa de 2018. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la ley impugnada queda suspendida en su vigencia y aplicación.

Prorroga tres años el Acuerdo Internacional Administrativo entre el Consejo General del Poder Judicial de España y el Consell Superior de Justicia de Andorra. Mantiene el marco de colaboración en formación, inspección, estadística e intercambio de información y jurisprudencia.

Establece un acuerdo entre autoridades fiscales de distintos países para intercambiar automáticamente información sobre mecanismos y estructuras que se usan para eludir la comunicación de datos fiscales. Define qué se considera mecanismo sujeto a comunicación, los plazos y el procedimiento del intercambio, y las reglas de confidencialidad.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, presentado por más de cincuenta diputados. La admisión abre el proceso para que el tribunal examine si la ley se ajusta a la Constitución.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos del Real Decreto-ley 14/2019, que regula medidas urgentes en administración digital, contratación pública y telecomunicaciones. La sentencia analiza si la norma respetó los límites del decreto-ley y la distribución de competencias, y declara la constitucionalidad de los preceptos que modifican la administración y firma electrónica e intervención, seguridad y disciplina de redes y servicios de comunicaciones.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, presentado por más de cincuenta diputados. El recurso queda registrado con el número 193-2023.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de ASEDIE contra el Real Decreto 327/2021, que adaptó la ordenación del BOE al Tablón Edictal Judicial Único. Anula el apartado cuatro del artículo único de esa norma, que daba nueva redacción al párrafo tercero del apartado 4 del artículo 14 del Real Decreto 181/2008. No impone costas a ninguna de las partes.

Establece el marco para que la Fiscalía Europea use la plataforma del Punto Neutro Judicial y consulte bases de datos de administraciones y organismos con convenio con el Consejo General del Poder Judicial. El acceso requiere una resolución procesal previa y se ajusta a la normativa de protección de datos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 32/2021, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Ordena su publicación para general conocimiento.

La adenda añade al acuerdo entre el Consejo General del Poder Judicial de España y el Consell Superior de Justicia de Andorra un marco para intercambiar información documental y jurisprudencial. Cada institución da a los jueces del otro país acceso a sus bases de datos jurídicas y ofrece formación para usarlas.

Establece instrucciones para un nuevo modelo de gestión informática en los Tribunales Económico-Administrativos y la Dirección General de Tributos, con la colaboración de la Agencia Tributaria. También regula el intercambio estable de información entre estos órganos y la entrega de notificaciones urgentes por agentes de la Agencia.