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Establece medidas urgentes para responder a los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024 en varios municipios. Incluye actuaciones en energía, impuestos, industria, agricultura, vivienda, empleo, Seguridad Social, educación, cultura, transportes y protección de colectivos vulnerables.

Declara «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio dañado por la DANA que afectó a la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Esta declaración permite aplicar las medidas de ayuda previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

Establece medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Incluye ayudas a personas, viviendas, empresas y ayuntamientos, medidas fiscales y de Seguridad Social, y líneas de avales y moratorias para hogares y empresas afectados.

Concede un suplemento de crédito a los presupuestos de la Generalitat de Cataluña de 2023, prorrogados para 2024, para gastos en el ámbito de la salud. También incluye una medida administrativa y una disposición sobre pensiones.

Modifica la instrucción tercera de la Resolución de 16 de julio de 2004 sobre gestión recaudatoria. Los directores de las administraciones de la Seguridad Social podrán autorizar el pago fraccionado del reintegro de prestaciones cobradas indebidamente, con un mínimo de 100 euros mensuales y hasta 60 meses.

Modifica el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social y el de Cotización. Permite fraccionar el pago de prestaciones percibidas indebidamente siempre que se solicite y suaviza las causas de revocación del fraccionamiento. También ajusta el embargo de cuentas, las subastas de bienes embargados y la domiciliación de cuotas.

Modifica las instrucciones contables de las entidades de la Seguridad Social para añadir un campo de «Código de inventario» en los documentos contables. Con ello se conecta el Inventario de Bienes y Derechos (IBID) con el Sistema de Información Contable (SICOSS) en operaciones sobre bienes inmuebles.

Cambia el reparto territorial de varias unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social en ocho provincias. Algunas unidades dejan de funcionar y su territorio pasa a otra unidad. Los nuevos ámbitos figuran en un anexo y se aplican desde el 1 de enero de 2024.

Modifica la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública para las entidades de la Seguridad Social. Actualiza el tratamiento contable del Mecanismo de Equidad Intergeneracional y de las dotaciones al Fondo de Reserva, tras los cambios introducidos por el Real Decreto-ley 2/2023.

Establece un procedimiento para que las entidades financieras colaboren con la Tesorería General de la Seguridad Social por vía telemática. Permite obtener información y embargar los pagos que se hacen a deudores de la Seguridad Social a través de Terminales de Punto de Venta (TPV).

Esta resolución dicta las instrucciones contables para tramitar el reintegro de pagos indebidos de prestaciones económicas de la Seguridad Social. Actualiza el procedimiento contable anterior para adaptarlo a la normativa presupuestaria vigente desde 2016. Deroga la resolución anterior de 1995 y fija cuándo entra en vigor.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2023: fija los ingresos y autoriza los gastos del Estado y de sus entes dependientes. Incluye normas sobre personal, pensiones, deuda pública, tributos, entes territoriales y cotizaciones sociales.

Cambia el reparto territorial de varias unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social en nueve provincias. Algunas unidades dejan de funcionar y su territorio pasa a otras, y se actualizan nombres de municipios y se añade uno nuevo. Los cambios afectan desde el 1 de enero de 2023.

Fija los plazos y procedimientos para cerrar la contabilidad del ejercicio 2022 en las entidades que forman el sistema de la Seguridad Social. Regula la tramitación de expedientes de gasto, los pagos y el registro de operaciones al final del año.