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Regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que fija las ayudas y líneas de financiación del Estado en materia de vivienda. Incluye subvenciones para aumentar la vivienda social y asequible, para rehabilitar edificios y mejorar la accesibilidad, y para reducir el esfuerzo económico de pagar la vivienda y facilitar la emancipación de los jóvenes.

Establece qué información deben enviar los ayuntamientos sobre su esfuerzo fiscal de 2024 y cómo comprobarla. Fija el 30 de junio de 2026 como fecha límite y exige el envío telemático con firma electrónica.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz u oficinas de justicia en los municipios. La cuantía depende del número de habitantes del municipio y se aplica al crédito de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogados para 2025.

Establece la información que los ayuntamientos deben enviar sobre su esfuerzo fiscal de 2023 y cómo se comprueba. Fija el 17 de octubre de 2025 como fecha límite y exige el envío telemático con firma electrónica.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid sobre ordenación del territorio, suelo y urbanismo, medio ambiente, energía, agua, bienestar animal y calidad alimentaria. Crea los Planes Territoriales y los Planes Estratégicos Municipales y ajusta trámites y competencias en estas materias.

Concede subvenciones directas a ayuntamientos y diputaciones provinciales para reparar, restituir o reconstruir infraestructuras, equipamientos y servicios municipales y la red viaria provincial dañados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Se aplica a los municipios incluidos en el anexo del Real Decreto-ley 6/2024.

Concede a varios ayuntamientos, diputaciones y a la Comunidad de Murcia la inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas desde el 1 de enero de 2025. Acepta renuncias y revoca delegaciones anteriores. También modifica la Orden HFP/147/2022 sobre informes en modificaciones presupuestarias.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz, según el número de habitantes del municipio. Se aplica a los ayuntamientos de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.

Establece la información que los ayuntamientos deben enviar sobre su esfuerzo fiscal de 2022 para el cálculo de su participación en los tributos del Estado. Fija el plazo hasta el 30 de junio de 2024 y la forma de envío telemático con firma electrónica, y regula cómo las Delegaciones de Economía y Hacienda comprueban esos datos.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz en 2023. Las cuantías se asignan por tramos según la población de derecho del municipio.

Regula cómo las entidades locales piden al Estado la compensación por la pérdida de recaudación del IBI rústico de 2023. La exención beneficia a titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas que hayan sufrido una reducción de su rendimiento neto.

Modifica la Ley del juego y las apuestas de las Illes Balears y el Reglamento de casinos. También cambia otras normas sobre prestaciones sociales, presupuestos, proyectos industriales, educación y reconocimiento de discapacidad y dependencia.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 26/2021, que adapta la Ley de Haciendas Locales al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos urbanos tras la jurisprudencia constitucional. La sentencia concluye que el Gobierno justificó suficientemente la extraordinaria y urgente necesidad de la reforma.

Concede un suplemento de crédito de 1.317.427 euros en el presupuesto de 2023 del Departamento de Cohesión Territorial de Navarra. Se destina a cubrir el déficit de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y a pagar al Ayuntamiento de Petilla de Aragón el arrendamiento de una finca.