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Adapta el Plan General de Contabilidad Pública de la Administración General del Estado a los cambios de la Orden HAC/965/2024 sobre pagos a justificar. También regula cómo se contabilizan estos pagos en las entidades de la Administración Institucional del Estado.

Modifica la norma que regula la elaboración de la Cuenta General del Estado. Cambia la fecha límite para integrar las cuentas anuales de las entidades: pasa del 6 de septiembre al 31 de julio del año siguiente. También exige enviar en ese mismo plazo la información complementaria y de consolidación.

Actualiza los módulos económicos que financian los centros concertados de Ceuta y Melilla. Incluye el aumento de la cuota del Mecanismo de Equidad Intergeneracional que paga el empleador y las subidas salariales del personal docente. Las nuevas cuantías tienen efectos desde el 1 de enero de 2023.

Actualiza los acuerdos que fijan qué comprueba la Intervención General antes de autorizar ciertos gastos públicos. Revisa los requisitos básicos para gastos generales, contratos públicos, convenios y transferencias a comunidades autónomas.

Regula cómo se organiza y funciona la Oficina Nacional de Evaluación, un órgano colegiado que analiza la eficiencia y sostenibilidad del gasto público y de los proyectos de colaboración público-privada. Establece su Pleno, su Unidad Técnica, los informes que debe emitir y los plazos para hacerlo.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, que establecía medidas financieras extraordinarias y urgentes para las entidades locales. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Modifica la Ley de Hacienda de Castilla y León para añadir un nuevo supuesto en el que el remanente de tesorería puede destinarse a financiar gastos del ejercicio. Se aplica cuando hay una emergencia de salud pública declarada que provoque un aumento imprevisto y súbito del gasto público.

Permite a los ayuntamientos usar el superávit de 2019 para inversiones sostenibles y les da apoyo financiero. Crea créditos extraordinarios para la recuperación económica y social local y para el transporte público. Regula también el endeudamiento local y su participación en tributos del Estado.

Esta orden fija cómo los ministerios y sus organismos deben pedir autorización al Ministerio de Hacienda para las actuaciones y nuevos gastos que prevean iniciar en 2020, dentro de la prórroga de los Presupuestos de 2019. Regula el calendario semestral de actuaciones y la solicitud de autorización.