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Modifica la Orden ISM/680/2022 para agilizar la justificación de gastos en la gestión del sistema de acogida de protección internacional y del programa de atención humanitaria mediante acción concertada. Cambia los artículos 16 y 17 sobre justificaciones periódicas de costes.

Aprueba el reglamento que desarrolla la ley sobre derechos y libertades de las personas extranjeras en España. Regula la entrada y salida del país, los visados, la estancia, la residencia temporal y de larga duración, el trabajo, los menores extranjeros y el régimen de infracciones y sanciones.

Modifica el artículo 14.5 de la Orden ISM/680/2022 para que el pago anticipado a las entidades que gestionan el sistema de acogida de protección internacional se tramite desde la notificación de la asignación, y no en el último trimestre del año anterior.

Fija en 90 euros las tasas por tramitar las solicitudes de visado de tránsito aeroportuario (tipo A), corta duración (tipo C), expedido en frontera (tipo C) y nacional de larga duración (tipo D). Deroga la Orden AUC/1139/2021 y adapta la norma española al Reglamento de la Unión Europea.

Modifica la Orden ISM/680/2022, que regula la gestión del sistema de acogida de protección internacional mediante acción concertada. Cambia el periodo de asignación para que no coincida con el año natural y ajusta la planificación y asignación de actuaciones, prestaciones y servicios.

La ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la accesibilidad de productos y servicios, la entrada de personas altamente cualificadas, obligaciones tributarias del IVA y la digitalización de notarías y registros. También modifica la ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares.

Esta ley orgánica regula el sistema universitario español en su conjunto. Establece las funciones de las universidades, su autonomía, la creación de universidades públicas y privadas, la organización de las enseñanzas y títulos, la investigación, la gobernanza y el régimen económico y de personal.

Modifica el Real Decreto 673/2022 para ampliar el plazo en el que las comunidades autónomas deben presentar la documentación que justifica el primer pago de las subvenciones. Estas subvenciones financian una ayuda económica directa a personas con protección temporal desplazadas por el conflicto en Ucrania que carecen de recursos y no han accedido al sistema de acogida.

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 aporta 150.000 euros a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para ejecutar el proyecto NEX-O-DS, sobre las dimensiones migratorias de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en España. El pago se hace en un único desembolso.

Regula la actuación de la Junta de Extremadura para atender a las personas desplazadas de Ucrania por la guerra. Establece medidas en renta garantizada, empadronamiento, transporte, protección de menores y acogimiento temporal solidario, además de medidas urgentes de contratación pública y fiscales.

Establece cómo autoliquidar y pagar por internet la tasa 038, por la expedición de autorizaciones de trabajo y autorizaciones a ciudadanos extranjeros. Se aplica a los trámites de residencia por movilidad internacional que resuelve la Dirección General de Migraciones.

Fija en 80 euros la tasa por tramitar las solicitudes de visado de tránsito aeroportuario (tipo A), corta duración (tipo C), expedidos en frontera y nacionales de larga duración (tipo D). Deroga la orden anterior de 2006 y adapta la normativa española al Código de visados de la Unión Europea.

Establece subvenciones para crear empleo en el trabajo domiciliario de cuidados y para programas de apoyo contra la exclusión social agravada por la COVID-19. También incluye medidas fiscales sobre el canon del agua y medidas administrativas para el sector público catalán.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, que recoge medidas agrarias, científicas, económicas, de empleo, de Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Amplía y completa medidas para paliar los efectos del COVID-19 en agricultura, ciencia, economía, empleo, Seguridad Social e impuestos. Incluye prórroga de la flexibilización del empleo agrario, avales a la Comisión Europea, moratorias de préstamos y cambios en el Impuesto sobre Sociedades.