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Aprueba el modelo 017 para que los contribuyentes declaren y paguen por vía electrónica la tasa que financia a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Fija el lugar, el plazo y la forma de presentación de ese modelo y deroga la orden anterior de 2014.

Modifica la Orden ETD/389/2022, que regula los tipos de cuentas de la Administración General del Estado y del resto de entidades cuyos recursos integran el Tesoro Público. Amplía el ámbito de aplicación, añade un nuevo supuesto de cuenta restringida de ingresos y establece la obligación de comunicar cuentas al Tesoro Público.

Modifica las bases de las ayudas de la Línea FID para la Compra Pública de Innovación. Añade un apartado que permite reducir las intensidades de ayuda cuando el proyecto se considere generador de ingresos, según los criterios de la Autoridad de Gestión del programa FEDER. Entra en vigor el día siguiente al de su publicación.

Establece las bases para conceder subvenciones de la Fundación Biodiversidad, en concurrencia competitiva, destinadas a impulsar la infraestructura verde. Estas ayudas están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Modifica la norma que regula la elaboración de la Cuenta General del Estado. Cambia la fecha límite para integrar las cuentas anuales de las entidades: pasa del 6 de septiembre al 31 de julio del año siguiente. También exige enviar en ese mismo plazo la información complementaria y de consolidación.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3/2024 de la Junta de Andalucía, que adopta medidas de simplificación y racionalización administrativa y de impulso de la actividad económica. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición final vigésima de la Ley de presupuestos generales del Estado para 2022. Esa disposición modificaba la Ley reguladora de la jurisdicción social. El tribunal declara nulo ese precepto por incluir una materia ajena a la ley de presupuestos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición final vigésima de la Ley de presupuestos generales del Estado para 2022. Un tribunal de Madrid pregunta si esa disposición vulnera varios artículos de la Constitución. El Pleno del Tribunal se reserva el conocimiento del asunto.

Regula los tipos de cuentas donde se sitúan los fondos de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y otras entidades del sector público administrativo estatal. Establece cómo se autoriza su apertura, uso y cancelación, y el control de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

Establece cómo otras administraciones tributarias españolas pueden pedir a la Agencia Tributaria que envíe peticiones de asistencia mutua a otros países de la Unión Europea para cobrar deudas tributarias. Regula los requisitos, los canales de transmisión de información y el procedimiento para transferir el dinero recaudado.

Actualiza las cifras que marcan los tipos de contrato en la contratación pública desde el 1 de enero de 2022. Sustituye los umbrales anteriores por los fijados por la Comisión Europea en cuatro reglamentos de noviembre de 2021.

Modifica las normas contables de los fondos sin personalidad jurídica del sector público estatal. Permite revertir el deterioro de valor de instrumentos de patrimonio valorados al coste que no cotizan en mercado activo. Añade una subcuenta contable para registrar esa reversión.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 24/2021, que traspone varias directivas de la Unión Europea. Las materias son bonos garantizados, fondos de inversión transfronterizos, datos abiertos del sector público, derechos de autor en línea, exenciones temporales a importaciones y suministros, derechos de las personas consumidoras y promoción de vehículos de transporte por carretera limpios.

Modifica el Plan General de Contabilidad Pública y las normas de cuentas anuales consolidadas del sector público. Añade una norma contable sobre los activos usados en concesiones de servicios públicos y cambia la denominación de algunos indicadores presupuestarios de la memoria.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 36/2020, que aprueba medidas urgentes para modernizar la Administración Pública y ejecutar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, que adopta medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 3/2020, que incorpora al ordenamiento jurídico español varias directivas de la Unión Europea. Las materias afectadas son la contratación pública en determinados sectores, los seguros privados, los planes y fondos de pensiones, el ámbito tributario y los litigios fiscales.

Modifica el anexo 1 de la Instrucción que regula la rendición telemática de la Cuenta General de las Entidades Locales. Añade, entre la documentación que acompaña a esa cuenta, los informes de auditoría de las cuentas anuales de determinadas entidades dependientes de la entidad local.