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Establece las condiciones para que los Departamentos Ministeriales envíen de forma centralizada a la Agencia Estatal de Administración Tributaria las deudas no tributarias que son recursos del presupuesto del Estado, para que esta las cobre en vía ejecutiva. Regula también los intercambios de información entre ambos organismos derivados de esa gestión.

Aprueba los modelos 504, 505 y 507 para solicitar autorizaciones de expedición o recepción de productos con impuestos especiales de fabricación (alcohol, tabaco, energía) con destino a la Unión Europea o procedentes de ella, y regula cómo presentarlos por vía electrónica. También regula la inscripción en el registro territorial de los operadores.

El Tribunal de Cuentas modifica su acuerdo de 2016 para permitir que los centros que gestionan gastos electorales envíen sus certificados de cuentas por un servicio web, además de por la sede electrónica. También autoriza a la Secretaria General a actualizar los modelos y las especificaciones técnicas.

Crea un órgano colegiado entre varios ministerios para ejecutar el programa de apoyo a la inauguración de la Galería de las Colecciones Reales, declarada acontecimiento de excepcional interés público. El órgano certifica que los gastos se ajustan al programa y gestiona los beneficios fiscales de mecenazgo.

Establece los precios públicos que se cobrarán por las actividades del Centro Nacional de Certificación de Productos Sanitarios, como actuar como organismo notificado y certificar sistemas de calidad. Sustituye las tasas que se cobraban hasta ahora por estas actuaciones por precios públicos.

Modifica la Instrucción que regula cómo los partidos políticos y sus fundaciones presentan telemáticamente sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas. Establece el formato de esas cuentas y el cumplimiento de las obligaciones de información. Incluye dos disposiciones transitorias.

Extiende la exención del gasoducto Medgaz, que conecta Argelia con España, respecto a las normas de acceso de terceros y de separación de actividades como empresa transportista. La exención se amplía hasta el 31 de marzo de 2031 y, si los contratos se prorrogan, durante toda la vigencia de esas prórrogas.

Extiende hasta el 31 de octubre de 2021 la exención del gasoducto Magreb-Europa, en su tramo por aguas territoriales españolas, del cumplimiento de ciertas obligaciones de acceso de terceros previstas en la Ley del sector de hidrocarburos. La exención se concede a solicitud de la empresa titular del derecho de uso de la sección marroquí.

Modifica las bases reguladoras de las ayudas para extender la banda ancha ultrarrápida en España. Adapta la norma al uso de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea y al nuevo nombre del programa de infraestructuras digitales.

Cambia el órgano que certifica las cuotas de préstamos pendientes de pymes con alta inversión en I+D+i. Esa certificación pasa de la Secretaría General de Innovación a la Secretaría General de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación. También ajusta el plazo para presentar solicitudes.

Establece cómo los ayuntamientos deben enviar la información sobre su esfuerzo fiscal de 2018 a las Delegaciones de Economía y Hacienda, con datos de recaudación y bases de varios impuestos locales. Fija el 31 de octubre de 2020 como fecha límite y permite presentarla en papel o por vía telemática con firma electrónica.

Regula cómo el Ministerio de Ciencia e Innovación emite una certificación para identificar a las empresas y deudas que pueden acogerse al aplazamiento y fraccionamiento del pago de préstamos de convocatorias de I+D+i. También fija la documentación que la empresa presenta ante la Delegación de Economía y Hacienda para pedir el aplazamiento con dispensa de garantía.

Establece exenciones para los pilotos, instructores y examinadores de aeronaves ultraligeras durante la crisis sanitaria del COVID-19. Amplía la validez de los exámenes teóricos, de las habilitaciones de las licencias y de los certificados de examinador.

Concede exenciones para ampliar la validez de licencias, habilitaciones y certificados de pilotos, instructores, examinadores y tripulación de cabina, ante las dificultades de acceso a exámenes y entrenamientos por la crisis del COVID-19.

Permite que los actos de recepción de entregas durante el estado de alarma por el COVID-19 se realicen sin la asistencia de los representantes de la Intervención General. La comprobación de la inversión se justifica con un acta o certificado del responsable del centro.