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Establece qué información deben enviar los ayuntamientos sobre su esfuerzo fiscal de 2024 y cómo comprobarla. Fija el 30 de junio de 2026 como fecha límite y exige el envío telemático con firma electrónica.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz u oficinas de justicia en los municipios. La cuantía depende del número de habitantes del municipio y se aplica al crédito de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogados para 2025.

Establece la información que los ayuntamientos deben enviar sobre su esfuerzo fiscal de 2023 y cómo se comprueba. Fija el 17 de octubre de 2025 como fecha límite y exige el envío telemático con firma electrónica.

Concede subvenciones directas a ayuntamientos y diputaciones provinciales para reparar, restituir o reconstruir infraestructuras, equipamientos y servicios municipales y la red viaria provincial dañados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Se aplica a los municipios incluidos en el anexo del Real Decreto-ley 6/2024.

Concede a varios ayuntamientos, diputaciones y a la Comunidad de Murcia la inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas desde el 1 de enero de 2025. Acepta renuncias y revoca delegaciones anteriores. También modifica la Orden HFP/147/2022 sobre informes en modificaciones presupuestarias.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz, según el número de habitantes del municipio. Se aplica a los ayuntamientos de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.

Establece la información que los ayuntamientos deben enviar sobre su esfuerzo fiscal de 2022 para el cálculo de su participación en los tributos del Estado. Fija el plazo hasta el 30 de junio de 2024 y la forma de envío telemático con firma electrónica, y regula cómo las Delegaciones de Economía y Hacienda comprueban esos datos.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz en 2023. Las cuantías se asignan por tramos según la población de derecho del municipio.

Regula cómo las entidades locales piden al Estado la compensación por la pérdida de recaudación del IBI rústico de 2023. La exención beneficia a titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas que hayan sufrido una reducción de su rendimiento neto.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 26/2021, que adapta la Ley de Haciendas Locales al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos urbanos tras la jurisprudencia constitucional. La sentencia concluye que el Gobierno justificó suficientemente la extraordinaria y urgente necesidad de la reforma.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 26/2021, que adaptó la Ley de Haciendas Locales a su jurisprudencia sobre el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos urbanos (plusvalía municipal). La sentencia analiza si la norma cumple los límites del decreto-ley.

Establece cómo deben enviar los ayuntamientos al Ministerio de Hacienda los datos de su esfuerzo fiscal de 2021, necesarios para calcular su participación en los tributos del Estado de 2023. Fija el plazo hasta el 30 de junio de 2023 y la forma de envío telemático con firma electrónica.

Regula cómo los ayuntamientos piden al Estado que les compense por las cuotas de IBI y de IAE que dejan de cobrar en 2022. Estos beneficios fiscales se aplican a inmuebles y negocios dañados por los incendios forestales de junio, julio y agosto de 2022.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz, según tramos de población. Se aplica a municipios de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 26/2021, que adapta la Ley de Haciendas Locales a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el impuesto municipal por la venta de terrenos urbanos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 26/2021, que adapta la Ley de Haciendas Locales a la jurisprudencia del Tribunal sobre el impuesto municipal por la venta de terrenos urbanos.

Establece cómo deben los ayuntamientos calcular y enviar por vía telemática la información sobre su esfuerzo fiscal de 2020, necesaria para la liquidación de su participación en los tributos del Estado de 2022. Fija el 30 de junio de 2022 como fecha límite y regula la comprobación de esos datos por las Delegaciones de Economía y Hacienda.

El Congreso convalida el Real Decreto-ley 26/2021, que adapta la Ley de Haciendas Locales a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Ordena su publicación.

El Tribunal Constitucional declara nulos los preceptos del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales que obligan a calcular la base del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos urbanos con un sistema objetivo de aplicación imperativa. El tribunal considera que ese método puede vulnerar el principio de capacidad contributiva y la prohibición de confiscatoriedad.