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La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas, impuestos cedidos y tributos propios, y cambia normas sobre servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente y organización administrativa. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para cambiar la terminología con la que se refieren a las personas con discapacidad y eliminar términos peyorativos. Los cambios afectan a normas de gobernanza, hacienda pública, consumo, ámbito social y sanitario, espectáculos públicos, deporte y cultura.

Modifica la ley de Castilla-La Mancha contra la violencia de género para que las ayudas económicas a hijas e hijos en situación de orfandad por el homicidio o asesinato de sus madres puedan recibirse más allá de los 18 años, si se cumplen los requisitos que se fijen. También actualiza el objeto y la finalidad de la ley.

La ley regula los derechos y deberes de las personas menores de edad en Euskadi y las actuaciones para promover su bienestar. También establece cómo prevenir, detectar y atender situaciones de violencia, desprotección o conflicto con la ley penal, y crea órganos de coordinación y participación.

Modifica la ley catalana contra la violencia machista para regular las indemnizaciones y ayudas a las mujeres víctimas y ampliar el derecho a la reparación integral. Añade dos disposiciones adicionales a la Ley 5/2008 y fija la coordinación entre departamentos y los efectos presupuestarios.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

La ley regula la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Establece medidas de los poderes públicos en ámbitos como el laboral, la salud, la educación, la cultura, el deporte, los medios de comunicación, la familia, la acción exterior, el medio rural y el turismo. También regula la rectificación registral de la mención al sexo, la protección frente a la discriminación y la LGTBIfobia, y un régimen de infracciones y sanciones.

La ley regula las políticas de juventud en las Illes Balears: fija los derechos y deberes de las personas jóvenes, reparte competencias entre el Gobierno autonómico, los consejos insulares y los ayuntamientos, y ordena ámbitos como educación, empleo, vivienda, salud y deporte. También crea instrumentos de planificación, participación juvenil y un régimen sancionador.

Modifica la Ley de la Actividad Física y el Deporte de Aragón para ajustar varios artículos a un acuerdo con el Estado sobre competencias. Cambia normas sobre derechos de formación y retención de deportistas menores y sobre el voluntariado deportivo.

La ley crea y regula el ingreso mínimo vital, una prestación económica para personas en situación de vulnerabilidad económica. Establece quiénes pueden ser beneficiarios, cómo se calcula la cuantía, el procedimiento para solicitarla y las obligaciones de los beneficiarios.

Modifica la ley gallega contra la violencia de género para incluir la violencia vicaria como una forma de violencia de género. Se entiende por violencia vicaria el homicidio, asesinato u otra violencia sobre los hijos o personas cercanas a la mujer para causarle daño psicológico. El reconocimiento como víctima tiene efectos retroactivos.

Modifica el Código del Derecho Foral de Aragón para permitir que, cuando hay un proceso penal contra un progenitor por violencia doméstica o de género, el otro progenitor pueda autorizar por sí solo la atención psicológica de los hijos menores de catorce años. El progenitor acusado debe ser informado antes.

Modifica el Código civil de Cataluña para que los hijos menores de edad puedan recibir atención y asistencia psicológicas sin el consentimiento del progenitor que está siendo procesado o condenado por atentar contra el otro progenitor o contra los propios hijos. La medida se aplica mientras no se extinga la responsabilidad penal y se informa previamente al progenitor afectado.

Establece medidas fiscales, financieras, administrativas y de sector público para completar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2020. Crea y regula el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y modifica varios tributos propios y cedidos.