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El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra el Decreto-ley 11/2021 de Canarias, que regulaba la alerta sanitaria y las medidas frente a la covid-19. Declara nulos los preceptos que habilitaban a órganos autonómicos para adoptar medidas preventivas y tipificar infracciones en salud, y extiende la nulidad a otros preceptos por conexión.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Modifica la Ley General Tributaria para aplicar en España la Directiva europea DAC 7. Crea la obligación de que los operadores de plataformas digitales informen a la Administración sobre los ingresos de sus vendedores. También regula inspecciones conjuntas y controles simultáneos entre países de la UE.

Establece las características de los certificados sanitarios de vacunación, prueba diagnóstica y recuperación que se aceptan en los viajes internacionales durante la pandemia de COVID-19. Fija los requisitos y la validez de cada tipo de certificado.

Deja sin efecto la Resolución de 1 de abril de 2022 sobre controles sanitarios en los puntos de entrada de España. Así, se eliminan los controles sanitarios a las personas que llegan desde países no pertenecientes a la Unión Europea o al espacio Schengen. La medida se aplica desde las 00:00 horas del 21 de octubre de 2022.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

Modifica la Resolución de 1 de abril de 2022 sobre controles sanitarios en los puntos de entrada a España. Deja sin efecto los apartados octavo y noveno y el anexo I, y cambia el apartado décimo sobre la colaboración de gestores aeroportuarios y portuarios y las obligaciones de las compañías aéreas y navieras.

Establece normas para que las autoridades competentes puedan acceder e intercambiar información financiera con el fin de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos graves, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Regula el acceso al Fichero de Titularidades Financieras y el intercambio de datos con organismos nacionales y europeos, con reglas de protección de datos.

Modifica la Resolución de 1 de abril de 2022 sobre controles sanitarios en los puntos de entrada a España. Desde su publicación, los controles sanitarios de la COVID-19 se aplican solo a quienes lleguen por vía aérea o marítima desde países fuera de la Unión Europea o no asociados a Schengen.

Actualiza los controles sanitarios en los puntos de entrada a España (aeropuertos y puertos) para prevenir la COVID-19. Los viajeros pueden ser sometidos a control de temperatura, control documental y control visual, y deben disponer de certificado de vacunación, prueba diagnóstica negativa o recuperación.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 11/2021 de Canarias, que regula la alerta sanitaria y las medidas para controlar la pandemia de COVID-19. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados y también impugna varios artículos concretos de esa norma.

Modifica el Real Decreto 581/2017 para ajustar el procedimiento de reconocimiento de cualificaciones profesionales en España a la normativa europea. Añade la obligación de informar al solicitante, en el plazo de un mes, de los documentos que falten en su expediente y amplía el plazo para subsanarlos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2021, que adapta la ley española a varias directivas de la Unión Europea. Las materias son competencia, blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, tributos, daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores y defensa de los consumidores.

Este real decreto-ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la defensa de la competencia, la prevención del blanqueo de capitales, las entidades de crédito, las telecomunicaciones, el IVA, los daños medioambientales, el desplazamiento de trabajadores y la defensa de los consumidores.

Modifica el Reglamento General de Conductores para aplicar directivas europeas. Reduce las edades mínimas para obtener los permisos de las clases C, C+E, D y D+E y permite conducir con el permiso B ciertos vehículos de mercancías de hasta 4.250 kg. Incluye un cuadro con las clases de permiso, las edades y las excepciones.

Regula cómo se usan los datos de los registros de nombres de pasajeros (PNR) de los vuelos para prevenir, detectar, investigar y enjuiciar delitos de terrorismo y delitos graves. Crea una Unidad de Información sobre Pasajeros en España y fija reglas para recoger, tratar, conservar y compartir esos datos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, que establece medidas urgentes de prevención, contención y coordinación frente a la crisis sanitaria del COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.