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Crea Consejerías de Economía y Comercio en las embajadas de España en Estados Unidos (Houston y Boston) y en Ucrania (Kiev), y una Agregaduría en Mauritania (Nuakchot). Suprime la Agregaduría de Economía y Comercio en Ucrania.

Crea la Oficina Española para la Reconstrucción de Ucrania y actualiza la organización de las Secretarías de Estado de Comercio y de Economía y Apoyo a la Empresa. Modifica para ello dos reales decretos sobre la estructura de los ministerios y del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

España y Ucrania acuerdan cooperar en educación secundaria general, en particular para promover el estudio del español en los centros ucranianos. El acuerdo crea secciones bilingües y una comisión de seguimiento, y fija estándares de calidad y asistencia metodológica.

Prorroga la validez de las tarjetas de identidad de extranjero expedidas a las personas afectadas por el conflicto en Ucrania que tienen protección temporal en España. La prórroga se vincula a la extensión de la protección temporal hasta el 4 de marzo de 2026.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Prorroga hasta el 4 de marzo de 2025 la validez de las Tarjetas de Identidad de Extranjero ya expedidas a las personas afectadas por el conflicto en Ucrania que tienen protección temporal en España. No hace falta pedir una tarjeta nueva.

Establece el reconocimiento mutuo entre España y Ucrania de los títulos de competencia de capitanes, oficiales y radioperadores de buques, conforme al Convenio STCW. Regula el refrendo de reconocimiento, su suspensión o retirada, las visitas de verificación y el intercambio de información sobre la validez de los títulos.

Concreta los requisitos y condiciones para conceder ayudas directas a empresas de pesca y acuicultura que cubren costes adicionales de producción asumidos entre el 24 de febrero y el 30 de junio de 2022 por la subida de precios. Además, convoca estas ayudas para el año 2022.

Modifica el Decreto-ley Foral 1/2022 de Navarra para ampliar la revisión excepcional de precios a contratos públicos de obras de menos de doce meses, con un mínimo de cuatro meses. También aclara la redacción de algunos puntos.

La Ley autoriza un crédito extraordinario y un suplemento de crédito para financiar ayudas a sectores económicos afectados por la crisis de la guerra de Ucrania. Incluye medidas para empresas exportadoras, industriales, agroalimentarias, transporte por carretera, transporte escolar, residencias de servicios sociales y el bono social térmico.

La orden completa la liberación de existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos en España. Esta liberación forma parte de la segunda acción coordinada de la Agencia Internacional de la Energía para responder a la guerra de Ucrania.

Regula la concesión directa de subvenciones a entidades para financiar en 2022 el Sistema de Acogida de Protección Internacional. Estas subvenciones cubren dispositivos de acogida privados gestionados por organizaciones no gubernamentales y actuaciones de integración.

Regula la actuación de la Junta de Extremadura para atender a las personas desplazadas de Ucrania por la guerra. Establece medidas en renta garantizada, empadronamiento, transporte, protección de menores y acogimiento temporal solidario, además de medidas urgentes de contratación pública y fiscales.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para responder a los efectos de la guerra en Ucrania. Incluye actuaciones para acoger a personas desplazadas, agilizar subvenciones, contener precios de la energía y del transporte, y mantener el equilibrio económico de los contratos públicos.

Adopta medidas urgentes en Navarra para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Incluye la simplificación de trámites para instalar energías renovables, límites a la subida de la renta en vivienda protegida, revisión excepcional de precios en contratos públicos y medidas fiscales.