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Concede de forma directa dos subvenciones: una a la Universidad Politécnica de Madrid y otra al Servicio de Salud del Principado de Asturias, para actuaciones en materia de seguridad minera. Regula el procedimiento, las obligaciones de las entidades beneficiarias, la cuantía, el pago y la justificación.

Fija los nuevos precios de venta antes de impuestos del gas licuado del petróleo (GLP) por canalización, tanto para usuarios finales como para empresas distribuidoras. Los precios se aplican desde el 21 de julio de 2026 y no incluyen impuestos.

Fija el precio máximo de venta antes de impuestos del butano comercial envasado en bombonas de 8 a 20 kg en 117,5664 céntimos por kilo. El precio se aplica en todo el territorio español desde el 21 de julio de 2026 y se revisa cada dos meses.

Establece que las empresas concesionarias del transporte interurbano de viajeros por carretera en Cataluña deben presentar planes para descarbonizar su flota de vehículos y mejorar la información a los usuarios. Regula el contenido de esos planes, su presentación, valoración, resolución, seguimiento y las consecuencias de no cumplirlos.

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Modifica la Ley de infracciones y sanciones en materia de seguridad minera del Principado de Asturias. Añade que, cuando una infracción muy grave conlleve la clausura definitiva de la explotación, debe iniciarse el procedimiento de caducidad del derecho minero. También regula los procedimientos sancionadores ya en tramitación.

Fija las bases normalizadas de cotización por contingencias comunes en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón para el año 2026. Para calcularlas se tienen en cuenta las bases de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

Crea la Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX) como entidad pública empresarial de la Junta de Extremadura. La norma fija su finalidad, objetivos y funciones en materia de energía, sus órganos de gobierno, personal, contratación, recursos económicos y control. También regula el Bono Social Térmico en Extremadura.

Modifica los anexos I, II y III del Real Decreto 309/2022, que regula la compensación de costes indirectos de emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en el precio de la electricidad. Actualiza la lista de sectores industriales expuestos a riesgo de fuga de carbono y los parámetros del mecanismo para el periodo 2021-2030.

Regula cómo se asignan las ayudas públicas (régimen retributivo específico) a instalaciones de cogeneración de alta eficiencia mediante subastas. Fija el procedimiento, las ofertas, las garantías y la inscripción en el registro, y establece un calendario de subastas.

Fija los precios sin impuestos de la tarifa de último recurso de gas natural (TUR) que se aplican desde el 1 de julio de 2026. También delimita qué consumidores pueden acogerse a esta tarifa, entre ellos comunidades de propietarios y edificios públicos destinados a vivienda.

Modifica y amplía el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio aprobado en marzo de 2026. Ajusta impuestos sobre la energía y los carburantes, y extiende ayudas a agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas.

Fija el reparto entre las empresas del sector eléctrico de las cantidades que financian el bono social y el coste del suministro de electricidad de determinados consumidores vulnerables durante 2026. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia propone el reparto y el Ministerio lo aprueba.

Define qué es una empresa de gran consumo de energía del sector industrial para poder contabilizar sus ahorros energéticos. Estos ahorros pueden provenir de actuaciones con combustión directa de combustibles fósiles y se computan en el sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética y en las medidas alternativas. El concepto se aplica con efectos desde el 1 de enero de 2024.

Actualiza la lista de sistemas eléctricos aislados de Canarias tras la conexión eléctrica entre Tenerife y La Gomera. Desde ahora, ambas islas forman un único sistema eléctrico aislado. La orden se aplica también a Baleares, Ceuta y Melilla.

Fija los precios de venta antes de impuestos del gas licuado del petróleo (GLP) por canalización desde el 16 de junio de 2026. Incluye el término fijo y variable para usuarios finales y el precio a granel para empresas distribuidoras.

Establece medidas en Canarias para paliar los efectos de la crisis en Oriente Medio. Incluye rebajas fiscales en el Impuesto General Indirecto Canario para productos energéticos y alimentos, devoluciones de impuestos sobre combustibles a agricultores y transportistas, y ayudas al sector industrial y primario.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Comunidad de Aragón y anula el Real Decreto 662/2024, que regulaba la instalación de plantas fotovoltaicas flotantes en embalses de dominio público hidráulico gestionados por el Estado y modificaba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. La norma queda sin efecto por no ser conforme a Derecho.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición adicional tercera del Decreto-ley 1/2022 de la Comunitat Valenciana, que aprobó medidas urgentes ante la emergencia energética y económica por la guerra en Ucrania. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.