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El Decreto-ley establece medidas urgentes en las Illes Balears para hacer frente a la crisis económica derivada de la guerra en Oriente Medio. Incluye ayudas y subvenciones para empresas, agricultura, pesca, transporte, industria y comercio, además de medidas fiscales, de contratación pública y de función pública.

Modifica el Real Decreto 451/2022 para adaptar las ayudas a estrategias de energía sostenible en Illes Balears y Canarias a los nuevos objetivos 119 y 120 del Plan de Recuperación. Amplía el plazo de justificación de los proyectos hasta el 30 de junio de 2026, con posibilidad excepcional de extenderlo al 31 de julio de 2026.

Fija los parámetros técnicos y económicos para calcular la retribución adicional de la producción de energía eléctrica en los territorios no peninsulares (Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla) durante el periodo regulatorio 2026-2031. Actualiza los valores de las instalaciones tipo que ya tienen ese régimen retributivo.

Fija los valores del poder calorífico inferior de la hulla, el fuel oil, el diésel oil y el gasoil para el año 2024. Estos valores se usan para calcular la retribución por combustible de los grupos de generación eléctrica situados en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

Concede de forma directa una subvención a las comunidades autónomas de Illes Balears y Canarias para financiar inversiones en el ciclo integral del agua: abastecimiento, saneamiento y reutilización. Regula las entidades beneficiarias, los gastos subvencionables, las cuantías, el pago, el plazo de ejecución y la justificación.

La ley regula la gestión y modernización de las áreas de promoción industrial de las Illes Balears. Crea entidades de gestión para estas áreas, un registro de entidades y un sistema de información con un mapa de las áreas. También establece medidas de fomento de la competitividad y un plan autonómico.

La ley reúne medidas para simplificar y agilizar los trámites y procedimientos de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias normas y regula la simplificación en sectores como agricultura, agua, educación, energía, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de varias empresas eléctricas contra la Orden TED/1315/2022, que regula las subastas de combustible y los valores de referencia para instalaciones eléctricas en territorios no peninsulares. Declara contrarios a derecho varios puntos sobre las fechas de aplicación de los precios de referencia y de la retribución por costes de logística, y anula el inciso sobre el coste de puesta en puerto del gas en Canarias y Melilla.

El Tribunal Supremo corrige errores materiales en su sentencia de 22 de julio de 2024. Cambia la fecha de 1 de enero de 2022 por 1 de enero de 2020 en varios fundamentos de derecho y en el fallo.

Fija los precios mensuales del combustible en puerto (fuel oil, diesel oil, gasoil y hulla) para el primer semestre de 2024. Estos precios se usan para calcular la retribución de los grupos generadores de electricidad en los territorios no peninsulares.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Fija los valores del poder calorífico inferior de la hulla, el fuel oil, el diésel oil y el gasoil para el año 2023. Estos valores se usan para calcular la retribución por combustible de los grupos de generación eléctrica situados en los territorios no peninsulares.

Fija los precios mensuales del gas natural de 2023 que se aplicarán en la liquidación de ese año a los grupos generadores de electricidad situados en Baleares. También indica que no se aprueban precios de gas natural para Canarias y Melilla porque no hay suministro de ese combustible para esos grupos.

Establece cómo se calcula el precio de los gases licuados del petróleo (GLP) usados como combustible en la generación de electricidad en los territorios no peninsulares. También define nuevas instalaciones tipo para el régimen retributivo adicional de esas instalaciones.