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Este real decreto-ley reúne medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y para paliar los efectos de la sequía. Incluye cambios en hipotecas, pagos, un nuevo fondo de coinversión, medidas fiscales, energéticas, de transporte, de Seguridad Social, de empleo y de vivienda.

Modifica la Ley 4/2017 de derechos y atención a las personas con discapacidad en Andalucía. Cambia las reglas sobre instalaciones con máquinas expendedoras o suministradoras automáticas de bienes que puedan afectar a la seguridad, como combustibles. También modifica el Decreto 537/2004 sobre derechos de los consumidores.

Obliga a las comercializadoras de referencia a enviar cada año al Gobierno Vasco una lista de sus clientes que reciben el bono social eléctrico, para poder calcular y pagar el bono social térmico. La lista debe incluir datos personales, domicilio, grado de vulnerabilidad y cuenta bancaria.

Concede un crédito extraordinario de 9.788.715,24 euros en el presupuesto de 2023 para financiar gastos de varios departamentos del Gobierno de Navarra. También modifica la Ley Foral de Servicios Sociales para regular el tratamiento de datos de la Historia Social Única.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

La ley establece medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2023. Incluye cambios en el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio y tasas, y modifica normas sobre empleo público, medio ambiente, vivienda, medio rural, infraestructuras, política social, sanidad, industria, comercio e innovación.

La ley reúne medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia normas en materias como vivienda, servicios sociales, educación, sanidad, justicia, agricultura y movilidad. También reorganiza entes del sector público autonómico.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 20/2022, que recoge medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y para otras situaciones de vulnerabilidad. La convalidación mantiene vigente esa norma.

Aprueba los Presupuestos Generales de Navarra para 2023, que incluyen los presupuestos del Parlamento, la Cámara de Comptos, el Defensor del Pueblo, la Administración de la Comunidad Foral, sus organismos autónomos, fundaciones y sociedades públicas, la Universidad Pública de Navarra y la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. Fija las cuantías de créditos e ingresos y regula las modificaciones de crédito, los gastos de personal, las operaciones financieras y la gestión presupuestaria.

Este real decreto-ley reúne medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y para apoyar la reconstrucción de La Palma. Incluye actuaciones en energía, sector primario, transporte y protección de colectivos vulnerables.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 11/2022, que recoge medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, atender situaciones de vulnerabilidad social y económica y apoyar la recuperación de la isla de La Palma.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de dos comercializadoras eléctricas contra el Real Decreto que regula el bono social. Anula los artículos 12 a 17 y declara inaplicable el régimen de financiación del bono social, y reconoce el derecho de las empresas a ser indemnizadas.

Establece un aumento extraordinario del 15 % en la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital durante mayo, junio y julio de 2022. También sube la cuantía máxima del complemento para gastos de vivienda y de la ayuda de urgencia para el consumo energético.

Regula cómo los comercializadores de referencia deben enviar a la Comunidad de Madrid los datos de las personas beneficiarias del bono social eléctrico para gestionar y pagar el bono social térmico en su territorio. Incluye una previsión para el año 2022 y habilita su desarrollo normativo.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de dos comercializadoras eléctricas contra el Real Decreto 897/2017, que regula el consumidor vulnerable y el bono social. Anula los artículos 12 a 17 del real decreto y declara inaplicables ciertos preceptos sobre la financiación del bono social.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, que recoge medidas urgentes del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra el Real Decreto 897/2017, que regula el consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para consumidores domésticos de energía eléctrica, y contra la Orden ETU/943/2017 que lo desarrolla. La sentencia se dicta en los términos del fundamento de derecho séptimo y no impone costas.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de Clidom Energy, SL contra el Real Decreto 897/2017, que regula el consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para consumidores domésticos de energía eléctrica. Declara la inaplicabilidad del régimen de financiación del bono social previsto en el artículo 45.4 de la Ley del Sector Eléctrico y anula los artículos 13 a 16 del real decreto.