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El Tribunal Constitucional deja sin efecto la suspensión de varios artículos de la Ley 5/2024 de Aragón sobre comunidades energéticas y autoconsumo industrial. La suspensión se había producido al admitir a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra esa ley. Desde ahora esos preceptos vuelven a aplicarse mientras se resuelve el recurso.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos y una disposición adicional de la Ley aragonesa 5/2024, sobre comunidades energéticas y autoconsumo industrial. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la vigencia y aplicación de esos preceptos queda suspendida.

La ley regula en Aragón el autoconsumo eléctrico, las comunidades de energía (ciudadanas, renovables y mancomunidades) y las redes de distribución cerradas. También ordena la integración urbanística de proyectos de generación renovable y crea el Fondo Aragonés de Solidaridad Energética.

El Tribunal Constitucional anula varios artículos del Decreto-ley 1/2023 del Gobierno de Aragón sobre transición energética y consumo de cercanía. El motivo es que la norma de urgencia no justificó de forma suficiente la extraordinaria y urgente necesidad exigida para aprobar un decreto-ley.

Amplía el presupuesto del programa PREE 5000, que subvenciona obras de rehabilitación energética en edificios existentes de municipios de reto demográfico. Añade 4 millones de euros y reparte esa cantidad entre las comunidades autónomas que lo solicitaron.

Crea dos impuestos medioambientales en Aragón: uno sobre parques eólicos y otro sobre parques fotovoltaicos. También modifica el impuesto existente sobre instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión. La recaudación se destina a fines ambientales.

El Pleno del Tribunal Constitucional levanta la suspensión de la vigencia y aplicación de varios preceptos del Decreto-ley del Gobierno de Aragón 1/2023, sobre medidas urgentes para la transición energética y el consumo de cercanía en Aragón. La suspensión se había producido al admitir a trámite un recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno.

Amplía el presupuesto del programa de ayudas para eficiencia energética en PYME y gran empresa industrial en 19.130.916,48 euros, que junto con remanentes suma 26.000.000 euros. Ese dinero se reparte entre Aragón, Navarra y Castilla y León para atender solicitudes que superan lo asignado.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos del Decreto-ley 1/2023 del Gobierno de Aragón sobre transición energética y consumo de cercanía. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, queda suspendida la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados.

Establece medidas para impulsar la transición energética y el consumo de cercanía en Aragón. Regula el autoconsumo, las comunidades de energía, las líneas directas y las redes de distribución cerradas. También ordena la integración urbanística de la generación renovable y crea un fondo de solidaridad energética.

Establece un aumento extraordinario del 15 % en la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital durante mayo, junio y julio de 2022. También sube la cuantía máxima del complemento para gastos de vivienda y de la ayuda de urgencia para el consumo energético.

Amplía en 100 millones de euros el presupuesto del programa de ayudas para eficiencia energética en PYME y gran empresa industrial. Ese dinero se reparte entre Aragón, País Vasco y Andalucía, que lo habían solicitado porque las peticiones superaban lo asignado.

Regula la concesión directa de ayudas para restaurar ambientalmente zonas degradadas por la minería del carbón. Estas ayudas se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en la Estrategia de Transición Justa.

Modifica las bases reguladoras de las ayudas a pequeños proyectos de inversión que generen o mantengan empleo en zonas mineras del carbón para el periodo 2020-2023. Las ayudas buscan actividades económicas alternativas a la minería en municipios afectados por el cierre de explotaciones.

Modifica las bases reguladoras de las ayudas a proyectos empresariales que generan empleo en zonas mineras del carbón para el periodo 2020-2023. El cambio afecta a la clasificación de los municipios incluidos en los anexos I y II, de la que dependen la puntuación y la intensidad de la ayuda.

La ley regula cómo la Administración de Aragón simplifica sus trámites y procedimientos. Crea órganos de coordinación, regula la declaración responsable y las entidades colaboradoras de certificación, y establece un régimen sancionador. También incluye medidas sobre administración electrónica y sobre instalaciones de energía eléctrica.

Amplía el presupuesto del Programa MOVES II, que da ayudas para una movilidad eficiente y sostenible, en 19.830.989,13 euros. Ese dinero se reparte entre cinco comunidades autónomas que habían agotado su asignación y tenían solicitudes en lista de espera.