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El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 20/2022, que recoge medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y para otras situaciones de vulnerabilidad. La convalidación mantiene vigente esa norma.

Este real decreto-ley reúne medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y para apoyar la reconstrucción de La Palma. Incluye actuaciones en energía, sector primario, transporte y protección de colectivos vulnerables.

Establece medidas para abaratar el transporte público, con bonificaciones del 50% en abonos ferroviarios y ayudas a empresas de autobuses y ferrocarril por la subida de carburantes. También crea complementos para becas y ayudas al estudio, y fija planes de ahorro energético en climatización y fomento del autoconsumo eléctrico.

Regula la formación obligatoria de los conductores profesionales de camiones y autobuses: una cualificación inicial y una formación continua para mantener los conocimientos actualizados. Sustituye el Real Decreto 1032/2007 e incorpora al derecho español la Directiva (UE) 2018/645.

Establece medidas para prevenir, contener y coordinar la respuesta a la crisis sanitaria del COVID-19. Regula el uso obligatorio de mascarillas, las condiciones en centros de trabajo, sanitarios, docentes, comercios, hostelería, cultura y deporte, el transporte público, los medicamentos y productos sanitarios, la detección precoz y vigilancia epidemiológica, y un régimen sancionador.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de una asociación de transportistas de mercancías de Aragón contra el Real Decreto 70/2019, que modificaba normas sobre transporte por carretera. Anula el artículo 98 de ese real decreto y no impone costas.

Modifica la resolución que fija los itinerarios formativos y la carga lectiva mínima para las habilitaciones del personal ferroviario. Añade la formación de los vehículos Serie 106 y Serie 801 y una transición entre locomotoras de ancho métrico.

Modifica dos órdenes anteriores sobre el transporte durante la desescalada del COVID-19. Actualiza las instrucciones para usar mascarillas en los medios de transporte y las medidas sobre navegación marítima adoptadas durante el estado de alarma.

Permite a los conductores de transporte de mercancías superar temporalmente los límites de conducción y descanso del Reglamento europeo 561/2006. También flexibiliza el descanso diario de los conductores de autobuses discrecionales que trasladan a trabajadores agrícolas en trayectos de hasta 50 kilómetros.

Establece cómo se reparten las mascarillas FFP2 compradas por el Ministerio de Transportes entre las empresas de transporte de viajeros y mercancías. Fija cuántas mascarillas corresponden a cada tipo de autorización de transporte según los vehículos adscritos.

Permite de forma temporal que los transportistas de mercancías por carretera superen la conducción diaria habitual y reduzcan o tomen en el vehículo sus descansos semanales. Se aplica en todo el territorio nacional durante el estado de alarma por el COVID-19.

Establece instrucciones sobre transporte por carretera y aéreo durante el estado de alarma por el COVID-19. Permite que las tarjetas de cualificación de conductores (CAP) sigan vigentes aunque no puedan renovarse, y regula la apertura de oficinas de alquiler de vehículos sin conductor y las condiciones de uso de ciertos transportes terrestres de viajeros.

Suspende temporalmente, del 14 al 28 de marzo de 2020, el cumplimiento de algunas normas sobre tiempos de conducción y descanso para los transportes de mercancías por carretera en todo el territorio nacional. Se aplica por las circunstancias excepcionales del COVID-19 y deja sin efecto la resolución anterior de 13 de marzo.

Establece las características que deben cumplir los soportes y aplicaciones informáticas para cumplimentar por medios electrónicos los documentos de control exigidos en los transportes por carretera. También fija cómo deben enviarse copias de esos documentos a la inspección cuando se detecte una posible infracción.

Modifica las directrices básicas y los planes estatales de protección civil para mejorar la atención a las personas con discapacidad y a otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad ante emergencias. Incluye criterios de accesibilidad en la información y en los servicios de emergencia.