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La ley aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2026. Fija los gastos e ingresos de la administración autonómica y de sus entes públicos, y regula cómo se pueden modificar los créditos, las retribuciones del personal y las operaciones de deuda.

Aprueba los Presupuestos Generales de Navarra para 2026, que incluyen los gastos e ingresos del Parlamento, la Administración de la Comunidad Foral, sus organismos autónomos, fundaciones y sociedades públicas, la Universidad Pública de Navarra y la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. También regula las modificaciones de créditos, los gastos de personal y las operaciones financieras.

Modifica varias normas sobre marina mercante. Cambia la palabra «arrendatario» por «usuario» en la seguridad de las motos náuticas y aclara la supervisión de los monitores. También ajusta el régimen de dispensas de bandera en las líneas regulares de cabotaje marítimo.

Establece medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público de la Administración de Canarias y mejorar la gestión de los recursos humanos. Regula el acceso al empleo fijo, las listas de empleo temporal y la promoción interna temporal. Incluye también medidas de protección de la infancia en juegos de azar y apuestas.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición transitoria quinta de la Ley 6/2019 de Murcia, que permitía integrar en el grupo B a cabos de la policía local solo por tener una titulación. La sentencia declara nula esa previsión por invadir competencias estatales sobre función pública.

Modifica el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo de la Dirección General de la Policía. Suprime un supuesto de destino que se cubría por concurso específico de méritos y ajusta otro. Con ello, más puestos pasan a cubrirse por concurso general de méritos.

Modifica los requisitos de acceso a los cuerpos de Policía local de Asturias. Sustituye la edad máxima de 30 años por la edad máxima de jubilación forzosa legalmente establecida y elimina la exigencia de una estatura mínima.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2024: fija los gastos e ingresos de la administración autonómica y de sus entes públicos, y regula cómo se modifican los créditos, el gasto de personal, la deuda y las normas tributarias.

Modifica varias leyes de Cantabria en materia fiscal y administrativa. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas, subvenciones, servicios sociales, sanidad, empleo, urbanismo y turismo, entre otras materias.

Regula las policías locales de Andalucía: su coordinación por la Junta, la creación y funciones de los cuerpos, su estructura y régimen de funcionamiento, el régimen estatutario de sus agentes (segunda actividad y jubilación), la selección y formación, y el régimen disciplinario.

Modifica la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha. Cambia la composición de la Comisión de Coordinación para incluir representantes de las jefaturas de los cuerpos y fija un número mínimo de efectivos, entre otros ajustes.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para impulsar la actividad económica y modernizar la Administración. Cambia normas sobre hacienda, tasas, urbanismo, medio ambiente, carreteras, juego, entidades locales, servicios sociales, deporte y organización administrativa.

La ley reúne medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia normas en materias como vivienda, servicios sociales, educación, sanidad, justicia, agricultura y movilidad. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Aprueba los Presupuestos Generales de Navarra para 2023, que incluyen los presupuestos del Parlamento, la Cámara de Comptos, el Defensor del Pueblo, la Administración de la Comunidad Foral, sus organismos autónomos, fundaciones y sociedades públicas, la Universidad Pública de Navarra y la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. Fija las cuantías de créditos e ingresos y regula las modificaciones de crédito, los gastos de personal, las operaciones financieras y la gestión presupuestaria.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición transitoria primera, apartado 2, de la Ley asturiana 2/2007, de coordinación de policías locales. Declara nulo ese precepto, que permitía a los policías locales promocionar internamente sin la titulación exigida.

Establece medidas para reducir el empleo temporal en el sector público de las Illes Balears. Regula procesos de estabilización para convertir plazas temporales en fijas, mediante concurso-oposición y un proceso excepcional para plazas de larga duración. También fija criterios de selección, baremos de méritos y bolsas de personal interino.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el apartado 2 de la disposición transitoria primera de la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de coordinación de policías locales. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo plantea la posible vulneración del artículo 149.1.18 de la Constitución. La Sala Segunda se encarga de su conocimiento.

Modifica por segunda vez la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco. Actualiza artículos sobre participación, subvenciones, contratación pública, empleo, cuidados, violencia machista y atención sanitaria, social, policial y judicial. También cambia otras leyes vascas relacionadas.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos disposiciones transitorias de la Ley 1/2018, de coordinación de policías locales de Madrid. Declara nula la previsión que permitía promocionar internamente solo por tener una titulación académica, sin superar pruebas selectivas.