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Deja sin efecto la Resolución de 25 de febrero de 2022 que aprobaba un medio alternativo de cumplimiento sobre los requisitos de los responsables de seguridad en organizaciones Parte CAMO. La razón es que la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) publicó en mayo de 2022 una decisión que modifica el medio aceptable de cumplimiento aplicable a esos mismos requisitos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos del Real Decreto-ley 14/2022, que regula medidas de sostenibilidad económica en el transporte, becas y ayudas al estudio, y ahorro y eficiencia energética.

Establece normas nacionales que completan la normativa europea sobre títulos y licencias del personal de vuelo de aeronaves civiles, como mecánicos de a bordo, y sobre restricciones operativas por ruido en aeropuertos. También modifica varias normas anteriores sobre certificación de aeronaves, controladores de tránsito aéreo, tiempos de vuelo y descanso, información de vuelo y dirección en plataforma.

Fija los requisitos mínimos que debe cumplir el personal instructor y evaluador de los programas de instrucción en mercancías peligrosas por vía aérea que soliciten aprobación, excepto los operadores aéreos. Exige competencia pedagógica, conocimientos actualizados y experiencia profesional, y regula cómo mantener la competencia.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea aprueba una forma alternativa de cumplir el requisito de cualificación del Responsable de Seguridad en organizaciones de gestión de la aeronavegabilidad (CAMO) que también son compañías aéreas. Permite sustituir parte del perfil exigido por formación y prácticas documentadas.

Establece el marco para que España reduzca emisiones de gases de efecto invernadero y avance hacia una economía descarbonizada. Fija objetivos, planificación (Planes Nacionales de Energía y Clima y Estrategia a 2050) y medidas en energía, movilidad, adaptación, transición justa, finanzas, educación e investigación.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2021: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los entes dependientes. Incluye normas sobre personal público, pensiones, deuda pública, tributos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 26/2020, que recoge medidas de reactivación económica frente al impacto del COVID-19 en transportes y vivienda. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Establece medidas para reactivar la economía tras el impacto del COVID-19 en transportes y vivienda. Incluye normas sobre gestión de pasajeros aéreos, ajustes en tasas portuarias, moratorias de préstamos para transporte por carretera y facilidades para el alquiler asequible.

Establece las condiciones para los servicios aéreos y marítimos en las fases 2 y 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad. Regula la formación aeronáutica, los vuelos de instrucción, las actividades de recreo, el transporte marítimo en Canarias y Melilla, el transporte turístico de pasajeros y la navegación de recreo.

Establece medidas fiscales, financieras, administrativas y de sector público para completar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2020. Crea y regula el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y modifica varios tributos propios y cedidos.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) amplía cuatro meses la validez de las verificaciones de línea y de los entrenamientos periódicos de gestión de recursos de cabina de las tripulaciones de vuelo. Se aplica a operadores de transporte aéreo comercial con certificado de AESA, con efectos desde el 14 de marzo de 2020.

Establece exenciones temporales en la normativa nacional de aviación civil por la crisis del COVID-19. Permite prorrogar certificados de revisión de aeronavegabilidad y certificados médicos de pilotos de drones cuando no puedan renovarse por las restricciones de movimiento.

Establece exenciones temporales en requisitos de aviación civil no regulados por la Unión Europea durante la crisis del COVID-19. Afecta a certificados de operador especial, licencias de piloto, licencias de mantenimiento y certificados médicos, entre otros, para que no caduquen por las restricciones de movilidad.