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Establece el marco legal del sistema de investigación, desarrollo e innovación de Cataluña. Define sus objetivos, agentes, órganos de gobernanza, personal investigador, financiación y transferencia del conocimiento. Regula también el mecenazgo y la integridad en la investigación.

El Pleno del Tribunal Constitucional no admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad de más de cincuenta diputados contra el Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 6/2022, que fija los criterios de los proyectos lingüísticos de los centros educativos. El motivo es que la voluntad de recurrir no constaba firmada por todos los diputados.

Regula la concesión directa de subvenciones para 2022 destinadas a financiar el proyecto «Financiación de formación (microcréditos)», dentro de la inversión de adquisición de nuevas competencias para la transformación digital, verde y productiva. Se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en el Componente 23 de políticas de empleo.

Regula la concesión directa de subvenciones a universidades públicas y a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas dentro del Plan de Acción Universidad-Refugio. El plan se dirige a personas desplazadas por la invasión de Ucrania.

Regula la concesión directa de subvenciones a varios centros científicos para impulsar las tecnologías del lenguaje, dentro del PERTE Nueva Economía de la Lengua y del Plan de Recuperación. Fija las entidades beneficiarias, los gastos subvencionables, el plazo de ejecución y el procedimiento de solicitud, pago y justificación.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el Decreto-ley 6/2022 y la Ley 8/2022, que regulan el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de dos normas de Cataluña sobre el uso de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria y los proyectos lingüísticos de los centros educativos.

Fija los criterios para elaborar, aprobar, validar y revisar los proyectos lingüísticos de los centros educativos de Cataluña. Estos proyectos forman parte del proyecto educativo y regulan la enseñanza y el uso de las lenguas en cada centro.

Modifica el procedimiento para integrar centros educativos en la red de titularidad de la Generalitat. Añade un requisito sobre el título válido del inmueble donde se ubica el centro y permite, de forma excepcional, eximir de ese requisito y usar espacios provisionales en entornos desfavorecidos.

Regula el uso y el aprendizaje del catalán y el castellano en la enseñanza no universitaria en Cataluña. Establece que los centros educativos deben garantizar el conocimiento de las dos lenguas oficiales. Incluye una disposición sobre el aranés en Arán.

Modifica la Ley de universidades de Cataluña para fijar precios públicos de matrícula con tarifación social y criterios de equidad en el acceso. Añade un artículo nuevo y cambia los artículos 4, 41 y 117 de la Ley 1/2003.

Permite al Departamento de Educación y a los entes locales intercambiar datos para detectar alumnado con necesidades educativas específicas y distribuirlo de forma equilibrada entre centros. Regula qué datos se ceden, con qué finalidad y cómo se protegen.

Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Establece medidas organizativas para la atención sociosanitaria en Cataluña, que combina servicios sociales y sanitarios. Modifica normas sobre contratación de servicios sanitarios y sobre la cartera de servicios sociales, y fija la gestión conjunta de esta prestación.

Regula la concesión directa de una subvención a la Generalitat de Cataluña para compensar los gastos de gestión de los convenios con la Administración General del Estado para tramitar becas y ayudas al estudio. La subvención se paga con cargo al presupuesto de 2021.

Modifica el Decreto-ley 41/2020 para que el Departamento de Salud comunique a la dirección de los centros educativos los datos de vacunación contra la COVID-19, además de los resultados de pruebas diagnósticas. La comunicación se hace mediante los sistemas de información establecidos.