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Determina qué escuelas y organismos de la Dirección General de la Guardia Civil pueden expedir autorizaciones para conducir vehículos de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas, y la autorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas. Actualiza sus denominaciones tras la reestructuración del Servicio de Material Móvil.

Permite transportar sustancias infecciosas con el virus de la viruela del mono, salvo cultivos del virus, bajo los números ONU 3373 o ONU 3291. El expedidor debe indicar en el documento de transporte que se acoge al Acuerdo Multilateral M347. El acuerdo vale hasta el 31 de diciembre de 2025.

Fija los requisitos mínimos que debe cumplir el personal instructor y evaluador de los programas de instrucción en mercancías peligrosas por vía aérea que soliciten aprobación, excepto los operadores aéreos. Exige competencia pedagógica, conocimientos actualizados y experiencia profesional, y regula cómo mantener la competencia.

Amplía hasta el 28 de febrero de 2021 la validez de los certificados de formación de conductores y de consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas (ADR) que caducaban entre el 1 de marzo de 2020 y el 1 de febrero de 2021. Para renovarlos por cinco años hay que cumplir la formación de reciclaje y superar un examen antes del 1 de marzo de 2021.

Permite que los certificados de formación de conductores de mercancías peligrosas y de consejeros de seguridad que caducaban entre el 1 de marzo y el 1 de noviembre de 2020 sigan siendo válidos hasta el 30 de noviembre de 2020. Para renovarlos por cinco años hay que hacer la formación de reciclaje y superar un examen antes del 1 de diciembre de 2020.

Permite que los certificados de formación de consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril que caducaban entre el 1 de marzo y el 1 de noviembre de 2020 sigan siendo válidos hasta el 30 de noviembre de 2020.

Modifica las directrices básicas y los planes estatales de protección civil para mejorar la atención a las personas con discapacidad y a otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad ante emergencias. Incluye criterios de accesibilidad en la información y en los servicios de emergencia.