Buscar en el BOE

Modifica las bases de las ayudas de la Línea FID para la Compra Pública de Innovación. Añade un apartado que permite reducir las intensidades de ayuda cuando el proyecto se considere generador de ingresos, según los criterios de la Autoridad de Gestión del programa FEDER. Entra en vigor el día siguiente al de su publicación.

Crea la Plataforma Digital de Colaboración entre las Administraciones Públicas, llamada Cooper@, y regula cómo se configura y funciona. La plataforma sirve para facilitar las relaciones electrónicas de los órganos de cooperación entre administraciones, como las Conferencias Sectoriales.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Parlamento de Cataluña contra varios preceptos del Real Decreto-ley 14/2019, que regula la identidad digital, la contratación pública y la seguridad en telecomunicaciones. La sentencia analiza si el Gobierno justificó la urgencia de la norma y si algunas medidas invaden competencias autonómicas.

El Tribunal Constitucional resuelve un conflicto de competencias planteado por el País Vasco contra varios artículos del Reglamento de actuación del sector público por medios electrónicos. El conflicto se extingue porque ha perdido su objeto de forma sobrevenida.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos del Real Decreto-ley 14/2019, que regula medidas urgentes en administración digital, contratación pública y telecomunicaciones. La sentencia analiza si la norma respetó los límites del decreto-ley y la distribución de competencias, y declara la constitucionalidad de los preceptos que modifican la administración y firma electrónica e intervención, seguridad y disciplina de redes y servicios de comunicaciones.

Publica el Protocolo de Alertas Espaciales aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional. El protocolo fija cómo se difunde la información de seguridad espacial, qué departamentos intervienen y cómo se avisa y evalúa el riesgo ante reentradas de objetos espaciales en áreas de soberanía o jurisdicción españolas.

Modifica la Resolución de 2017 sobre el uso de la firma electrónica no criptográfica en las relaciones con la Administración General del Estado. Amplía su uso a todos los usuarios registrados en Cl@ve, no solo a los de nivel sustancial o alto. El órgano gestor de cada procedimiento fija el nivel mínimo de identificación exigido.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de ASEDIE contra el Real Decreto 327/2021, que adaptó la ordenación del BOE al Tablón Edictal Judicial Único. Anula el apartado cuatro del artículo único de esa norma, que daba nueva redacción al párrafo tercero del apartado 4 del artículo 14 del Real Decreto 181/2008. No impone costas a ninguna de las partes.

Aprueba las bases y abre la convocatoria de 2022 de subvenciones para que las entidades locales transformen digitalmente y modernicen sus administraciones. Está dirigida a las entidades locales que no presentaron proyectos en la convocatoria anterior por el importe máximo que tenían asignado.

Aprueba las bases para dar subvenciones a las entidades locales (ayuntamientos, diputaciones y otras) para digitalizar y modernizar su administración, y abre la convocatoria de 2022. Las ayudas financian la incorporación de tecnologías de la información, la digitalización de procedimientos y la gestión por medios digitales.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Generalidad de Cataluña contra el Real Decreto 203/2021, que regula la actuación del sector público por medios electrónicos. Anula la disposición transitoria primera de ese real decreto y rechaza el resto de peticiones, sin imponer costas.

Aprueba un plan de medidas de ahorro y eficiencia energética para la Administración General del Estado y sus entidades públicas. El plan busca reducir el consumo de energía en edificios, infraestructuras y movilidad del sector público estatal.

Establece cómo otras administraciones tributarias españolas pueden pedir a la Agencia Tributaria que envíe peticiones de asistencia mutua a otros países de la Unión Europea para cobrar deudas tributarias. Regula los requisitos, los canales de transmisión de información y el procedimiento para transferir el dinero recaudado.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 24/2021, que traspone varias directivas de la Unión Europea. Las materias son bonos garantizados, fondos de inversión transfronterizos, datos abiertos del sector público, derechos de autor en línea, exenciones temporales a importaciones y suministros, derechos de las personas consumidoras y promoción de vehículos de transporte por carretera limpios.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto positivo de competencia presentado por el País Vasco contra varios artículos y una disposición adicional del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. El conflicto afecta a los artículos 15.3 a), 26.2 c), 28.2, 29.4 y la disposición adicional novena de ese reglamento.

Permite que las Administraciones Públicas y sus organismos se adhieran al Portal de subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado para vender sus bienes patrimoniales mediante subasta pública. La adhesión se solicita por escrito con un modelo de solicitud incluido. La AEBOE facilita las especificaciones técnicas para la integración.

El Tribunal Constitucional resuelve un conflicto de competencias del Gobierno vasco contra varios artículos del Real Decreto 130/2019, que regula la base de datos nacional de subvenciones. Anula el precepto que obligaba a incorporar a esa base los datos de subvenciones suministrados por los órganos legislativos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 36/2020, que aprueba medidas urgentes para modernizar la Administración Pública y ejecutar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El Congreso convalida el Real Decreto-ley 29/2020, que establece medidas urgentes sobre teletrabajo en las Administraciones Públicas y sobre recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para afrontar la crisis sanitaria de la COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.