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Modifica varias leyes catalanas de vivienda y urbanismo para facilitar el acceso a la vivienda. Cambia normas sobre obra pública, fianzas de alquiler, urbanismo, vivienda protegida, barrios y equipamientos comerciales.

Establece el marco legal del sistema de investigación, desarrollo e innovación de Cataluña. Define sus objetivos, agentes, órganos de gobernanza, personal investigador, financiación y transferencia del conocimiento. Regula también el mecenazgo y la integridad en la investigación.

Establece medidas urgentes en Cataluña para paliar los efectos del conflicto de Ucrania, como agilizar proyectos de energías renovables y flexibilizar plantas solares en suelo agrícola y forestal. También actualiza medidas adoptadas durante la pandemia de la COVID-19 en sanidad, servicios sociales y vivienda.

Modifica el Código civil de Cataluña para incorporar dos directivas europeas sobre contratos de compraventa de bienes y de suministro de contenidos y servicios digitales. Regula la conformidad de los bienes y servicios digitales, los plazos de responsabilidad y los derechos del comprador o adquirente.

Modifica el Código civil de Cataluña para regular la instalación de equipos de mejora de la eficiencia energética o hídrica y de sistemas de energías renovables en edificios en régimen de propiedad horizontal. También cambia el Decreto-ley 10/2020 sobre medidas para personas jurídicas de derecho privado.

Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.

Esta ley crea un modelo de relación entre las empresas y las administraciones públicas de Cataluña, con una Ventanilla Única Empresarial y un portal único digital. Regula cómo se autorizan, comunican y controlan las actividades económicas y los establecimientos.

Modifica el artículo 4 del Decreto-ley 10/2020 para ajustar las medidas extraordinarias sobre el funcionamiento de asociaciones, fundaciones y juntas de propietarios tras el fin del estado de alarma. Regula el cómputo de plazos para reunir sus órganos y adoptar acuerdos.

Establece medidas organizativas en el ámbito sanitario, social y de salud pública para afrontar la COVID-19. Permite a enfermeras del ICAM acceder a historias clínicas en trámites de incapacidad temporal, regula la comunicación de datos del personal de servicios sociales residenciales y crea el Registro de vacunación de Cataluña. También modifica dos decretos-ley anteriores.

Crea el Censo de espacios de cultura responsables en Cataluña. Los espacios culturales que cumplan las medidas sanitarias del Plan PROCICAT pueden inscribirse y obtener un distintivo. Regula los requisitos, la solicitud, la resolución, la verificación y las exclusiones del Censo.

Modifica la Ley 17/2014 de representatividad de las organizaciones profesionales agrarias para permitir el voto electrónico en las elecciones agrarias. Añade reglas sobre votación remota y presencial, garantías del sistema, convocatoria y verificación de resultados.

Establece medidas fiscales, financieras, administrativas y de sector público para completar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2020. Crea y regula el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y modifica varios tributos propios y cedidos.

Establece un régimen transitorio para conceder indemnizaciones y ayudas a mujeres víctimas de violencia machista y a sus hijos e hijas, mientras se modifica el Decreto 80/2015. Regula la competencia, las solicitudes y la documentación necesaria.

Añade una disposición adicional a la Ley 29/2010 para permitir que el Gobierno de la Generalitat y el Consejo Técnico celebren sus sesiones a distancia, mediante medios electrónicos, en situaciones de fuerza mayor, grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública.

Establece medidas urgentes de la Generalitat de Cataluña en materia asistencial, presupuestaria, financiera, fiscal, de contratación y económica para paliar los efectos de la pandemia de coronavirus. Regula actuaciones en esas seis áreas mediante un solo decreto-ley.