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Regula el Consejo de la Memoria Democrática, órgano consultivo y de participación de las entidades memorialistas, y el Registro Estatal de Entidades de Memoria Democrática. Fija su composición, funciones y funcionamiento, y el procedimiento para inscribirse en el registro.

Crea y regula el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En él se inscriben los poderes que una persona otorga a otra para realizar trámites concretos ante este organismo. Establece cómo se otorgan, aceptan, inscriben, modifican, renuevan y revocan esos poderes.

Actualiza los modelos de material electoral de los anexos del Real Decreto 605/1999, como sobres, actas y papeletas. Incluye cambios derivados de la reforma del voto de los españoles en el extranjero y permite imprimir papeletas descargadas de internet en formato DIN-A4.

Fija directrices para tramitar la opción a la nacionalidad española prevista en la Ley de Memoria Democrática. Detalla quiénes pueden solicitarla, qué documentos presentar y ante qué oficina del Registro Civil hacerlo. El plazo para formalizar la declaración es de dos años, prorrogable uno más.

Modifica la Instrucción que regula cómo los partidos políticos y sus fundaciones presentan telemáticamente sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas. Establece el formato de esas cuentas y el cumplimiento de las obligaciones de información. Incluye dos disposiciones transitorias.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 23/2021, de medidas urgentes en materia de energía. La norma busca proteger a los consumidores y dar transparencia a los mercados mayorista y minorista de electricidad y gas natural.

Establece medidas urgentes para proteger a los consumidores frente a la subida de precios de la electricidad y el gas natural. Aumenta los descuentos del bono social eléctrico y mejora el bono social térmico, y refuerza la transparencia y supervisión en los mercados mayorista y minorista de electricidad y gas.

Aprueba el nuevo Reglamento de asistencia jurídica gratuita, que sustituye al de 2003. Regula las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, el procedimiento para reconocer el derecho, la organización de abogados y procuradores de oficio y la subvención del servicio.

Establece el régimen jurídico de la alerta sanitaria en Aragón para controlar la pandemia de COVID-19. Regula un sistema de niveles de alerta con medidas de aforo, reuniones, distancia de seguridad y mascarillas, y el confinamiento perimetral. Incluye inspección, sanciones y autorización judicial.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a entidades del Tercer Sector y otras organizaciones. Establece el procedimiento, las entidades beneficiarias, los gastos subvencionables, las cuantías y la justificación para tres ámbitos: servicios sociales y familias, discapacidad y juventud.

Amplía plazos para presentar y pagar autoliquidaciones de varios impuestos cedidos, como Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales. También bonifica la tasa de máquinas recreativas del tercer trimestre y regula la tasa por controles sanitarios de animales.

Define los criterios y requisitos que deben cumplir los inquilinos de vivienda habitual para acceder a préstamos avalados por el Estado y con gastos e intereses subvencionados, destinados a pagar el alquiler. Regula las condiciones de los préstamos, la presentación de solicitudes, el pago al arrendador y el control de las ayudas.

Establece cómo se mantiene el pago del subsidio por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural a los mutualistas de MUFACE durante el estado de alarma. Regula la comunicación de los órganos de personal a MUFACE y la declaración responsable del mutualista cuando no pueda obtener el parte médico.

Desarrolla el derecho al bono social eléctrico para trabajadores autónomos que cesaron su actividad o redujeron su facturación por el COVID-19. Fija plazos de subsanación y comunicación de las solicitudes y modifica el modelo de solicitud.

Fija la fecha desde la que los altos cargos deben relacionarse por medios electrónicos con la Oficina de Conflictos de Intereses y aprueba los modelos de declaraciones, comunicaciones y documentos electrónicos. Deroga los modelos anteriores de 2015.