Buscar en el BOE

Modifica el Real Decreto 95/2009, que regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ). El cambio busca que la información penal sobre profesionales con inhabilitación o prohibición para ejercer en el ámbito docente y sanitario pueda enviarse al mecanismo de alerta europeo (IMI).

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Aprueba la política de seguridad de la información del Ministerio de Defensa. Establece cómo se organiza, protege y controla la información del departamento a lo largo de todo su ciclo de vida, sea cual sea su soporte. Sustituye la política anterior de 2006 y se adapta a la evolución de los riesgos y de las tecnologías.

El Decreto-ley crea ayudas extraordinarias para el viñedo de secano y para las Agrupaciones Técnicas de Sanidad Vegetal por asesoramiento técnico en 2023. También incluye medidas sobre juego, simplificación administrativa, cooperativas, tasas y precios públicos.

Establece las normas generales que regulan el Registro de Personal del Ministerio de Defensa y su funcionamiento. En este registro se inscriben todos los militares y se anotan los datos administrativos de su historial militar, conforme a la protección de datos personales.

Aprueba un nuevo modelo de datos del sistema de monitorización de la información de las operaciones de juego y modifica los anexos de dos resoluciones anteriores sobre especificaciones técnicas e identificación de participantes. Adapta el envío de datos a las obligaciones de los reales decretos de 2020 y 2023.

Modifica las bases de las subvenciones a entidades de protección animal. Agrupa los gastos subvencionables en tres tipos: veterinarios, alimentación y traslado de animales, y mejora de instalaciones. Excluye expresamente los gastos de salarios del personal.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 16/2023 de la Comunidad de Madrid, que simplifica y mejora la eficacia de sus instituciones y organismos. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores y también impugna varios artículos concretos de esa ley.

Crea el Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los Cargos Públicos de las Illes Balears. Regula las declaraciones de patrimonio y de actividades de los cargos públicos y la organización del Registro. Dispone la liquidación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción y la integración de registros existentes.

Crea y regula la Autoridad Vasca de Protección de Datos, un organismo público independiente que supervisa el cumplimiento de las normas de protección de datos en el País Vasco. Establece sus funciones, su régimen de personal y económico, y los procedimientos de investigación y sanción.

Actualiza los procesos de verificación de identidad de los participantes en juegos de ámbito estatal. Cambia las comunicaciones que los operadores deben enviar a la Dirección General de Ordenación del Juego y regula el acceso telemático a la sección de personas difuntas del Registro Civil. También fija cuándo los operadores deben revisar la identidad y las prohibiciones de participación.

La Diputación Permanente del Congreso convalida el Real Decreto-ley 5/2023, que mantiene y prorroga medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, apoya la reconstrucción de La Palma y atiende otras situaciones de vulnerabilidad. También incorpora al ordenamiento español directivas europeas sobre modificaciones estructurales de sociedades y conciliación de la vida familiar y laboral.

Crea en el Ministerio de Justicia el Registro Central de Titularidades Reales, único para todo el país, y aprueba su reglamento. El registro reúne datos sobre quién es el titular real de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica españolas, y regula quién puede acceder a esa información y cómo.

Este real decreto-ley reúne varias medidas: incorpora directivas europeas sobre fusiones y escisiones de empresas y sobre conciliación familiar y laboral, prorroga ayudas frente a la guerra de Ucrania y para La Palma, y adopta medidas urgentes en materia financiera, energética, agraria, de vivienda y de tráfico.

Modifica la Ley General Tributaria para aplicar en España la Directiva europea DAC 7. Crea la obligación de que los operadores de plataformas digitales informen a la Administración sobre los ingresos de sus vendedores. También regula inspecciones conjuntas y controles simultáneos entre países de la UE.