Orden DCA/505/2024, de 17 de mayo, por la que se modifica la Orden DSA/1045/2021, de 28 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a entidades de protección animal.

Las entidades de protección animal desempeñan un importante papel en la gestión, cuidado y salvaguarda de animales en situación de abandono. De este modo, complementan las actuaciones de las Administraciones Públicas asumiendo los costes y el mantenimiento de los animales, sin compensación económica alguna.

Esa ausencia de ánimo de lucro implica que el total de sus ingresos se dedica al mantenimiento, salvaguarda y cuidado de los animales que tienen en custodia, lo que incluye tanto el cuidado veterinario de los animales propiamente, como el necesario mantenimiento de unas instalaciones adecuadas a los estándares de bienestar animal.

Por todo ello, se entiende necesaria la ayuda a un sector y un colectivo que realiza una tarea de cuidados de animales de manera altruista con implicaciones en la sanidad pública, en la medida en que su actuación coadyuva a la labor de las Administraciones Públicas en la lucha contra las enfermedades de transmisión animal. Así, la Orden de 30 diciembre de 2020, aprobó el Plan Estratégico de Subvenciones para el periodo 2021-2023 del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, incluyendo entre sus líneas de subvenciones las destinadas a entidades dedicadas a la protección y defensa de los derechos de los animales, teniendo como objetivo estratégico el impulsar el conocimiento, el reconocimiento y el respeto de los derechos de los animales y su protección, con el fin de aumentar el número de animales identificados y esterilizados, disminuir el número de abandonos y aumentar el de adopciones. A estos efectos, mediante Orden DSA/1045/2021, de 28 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a entidades de protección animal, se reguló esta línea de subvención de la que, tras sus tres primeras convocatorias, se han beneficiado más de un millar de entidades de protección animal.

Precisamente, la experiencia derivada de la gestión de estas tres primeras convocatorias ha revelado tanto disfunciones en su ejecución como aspectos de mejora en sus bases reguladoras que se pretenden llevar a cabo a través de la presente orden.

Así, se hace necesario simplificar los criterios de valoración de las solicitudes y los conceptos de gastos subvencionables a los que han de hacer frente las entidades de protección, englobándolos en tres grandes conceptos: gastos veterinarios, gastos de alimentación y traslado de animales y gastos de mejora de las instalaciones, diluyendo en estos últimos lo que hasta ahora se configuraba como bienes fungibles no inventariables, concepto confuso entre las entidades beneficiarias.

En particular, ante las dudas suscitadas, se excluyen expresamente como subvencionables los gastos en salarios del personal que trabaja con la entidad, dado que no resulta posible delimitar el porcentaje del tiempo que dicho personal dedica propiamente a la atención veterinaria de los animales asistidos frente a otras actuaciones ajenas a la finalidad de la presente línea de subvención.