Buscar en el BOE

Regula la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias para reducir el coste del agua de riego agrícola procedente de desalación y de pozos y galerías. También modifica el Real Decreto 1159/2020, que regula una subvención a la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.

Aprueba los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2026: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos de la administración regional y sus organismos. Incluye normas sobre créditos, personal, endeudamiento y medidas tributarias.

Aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias que amplía los medios patrimoniales traspasados a Castilla-La Mancha en materia de cultura. Con ello se transfiere la superficie restante de un inmueble y se reduce la deuda de superficie pendiente con la comunidad autónoma.

Aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias que amplía los bienes adscritos a las funciones traspasadas a Castilla-La Mancha en reforma y desarrollo agrario. Incluye el traspaso de un inmueble y la subrogación de la comunidad en los derechos y obligaciones sobre ese bien.

Modifica la Orden TMD/101/2025 para que los ayuntamientos y diputaciones que recibieron subvenciones por la DANA puedan usar ese dinero también para mejorar, ampliar o adaptar infraestructuras y prevenir inundaciones. Además, traslada al Comisionado especial para la reconstrucción las funciones de seguimiento de estas ayudas.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz u oficinas de justicia en los municipios. La cuantía depende del número de habitantes del municipio y se aplica al crédito de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogados para 2025.

La ley regula cómo la Administración de Castilla-La Mancha simplifica, agiliza y digitaliza sus procedimientos administrativos. Crea órganos de coordinación, un catálogo de procedimientos y un régimen para entidades colaboradoras y para la Administración digital, incluida la inteligencia artificial.

Regula cómo se determina qué organizaciones profesionales agrarias son más representativas en Castilla-La Mancha. Fija los requisitos para solicitar el reconocimiento y el procedimiento para medir esa representatividad, y deroga la normativa anterior.

Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materias administrativas y tributarias para aplicar los objetivos de los presupuestos de 2025. Ajusta normas sobre hacienda, archivos, educación, montes, patrimonio cultural, ordenación del territorio, infancia, integridad pública y juego.

Regula el Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, órgano de participación de la sociedad en la universidad. Fija su composición, mandato, designación de miembros, funciones y régimen de funcionamiento.

Aprueba los presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2025: fija la previsión de ingresos y autoriza los gastos de la administración regional y su sector público, y establece normas financieras para ejecutarlos.

Amplía a Castilla-La Mancha, Galicia y la Comunitat Valenciana la declaración de emergencia de interés nacional ya aprobada por la interrupción del suministro eléctrico del 28 de abril de 2025. Estas tres comunidades habían pedido que se extendiera a su territorio.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado de Toledo sobre un apartado de la Ley de Castilla-La Mancha 1/2012, por posible vulneración de los artículos 14 y 149.1.18.ª de la Constitución. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

La ley regula la integridad pública en Castilla-La Mancha: fija reglas de incompatibilidades y conflictos de intereses para cargos públicos, crea una Oficina de integridad y registros de actividades y bienes, y establece un régimen de infracciones y sanciones.

Modifica la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha para ajustar el canon medioambiental del agua. Exime del pago los primeros 10.000 litros al mes por vivienda y transfiere el 25 % de la recaudación a los ayuntamientos para mejorar infraestructuras del agua.

Declara «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio dañado por la DANA que afectó a la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Esta declaración permite aplicar las medidas de ayuda previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz, según el número de habitantes del municipio. Se aplica a los ayuntamientos de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.

Concede un crédito extraordinario de 258.524,53 euros para pagar a los partidos políticos lo que les falta de la subvención por los gastos de las elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha del 28 de mayo de 2023. El dinero se toma del Fondo de Contingencia.

Amplía el presupuesto del programa PREE 5000, que subvenciona la rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico. La ampliación se concede directamente a tres comunidades autónomas que lo solicitaron.