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La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra varios apartados del artículo 30 y del artículo 45 de la Ley de medidas fiscales y administrativas de Galicia de 2024. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la vigencia y aplicación de esos preceptos queda suspendida.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del Presidente del Gobierno contra el artículo 97 de la Ley de Simplificación Administrativa de Cantabria, que añade tres apartados a la disposición adicional séptima de la Ley de Derechos y Servicios Sociales de Cantabria. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, los preceptos impugnados quedan suspendidos.

Regula el derecho de las personas con discapacidad usuarias de perro de asistencia a acceder a espacios públicos, transportes, lugares de trabajo y espacios privados de uso colectivo en la Comunitat Valenciana. Establece cómo se reconoce, identifica, suspende y pierde la condición de perro de asistencia, y fija un régimen de infracciones y sanciones.

Regula los requisitos y el procedimiento para que los centros, servicios y entidades privadas que atienden a personas en situación de dependencia en Ceuta y Melilla obtengan la acreditación administrativa. Fija requisitos de calidad, recursos humanos y reglas para la vigencia, renovación y revocación de la acreditación.

Modifica el anexo del Decreto-ley 4/2025, que regula la valoración y calificación del grado de discapacidad en Canarias. Añade tres diagnósticos del sistema nervioso, corrige un código de diagnóstico y traduce al castellano una tabla del sistema digestivo.

Regula cómo se valora y califica el grado de discapacidad en Canarias. Fija qué órganos deciden, cómo se inicia y tramita el procedimiento, cómo se resuelve y cómo se revisa el grado reconocido.

Modifica la Ley 12/2018 de servicios sociales de las Illes Balears para regular el copago de los usuarios en la atención a la dependencia. El copago se configura como prestación patrimonial pública no tributaria (tarifa), adaptando la norma a dos sentencias del Tribunal Supremo.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a entidades del Tercer Sector de Acción Social y otras organizaciones. Establece las entidades beneficiarias, las actividades subvencionables, las cuantías, el procedimiento de concesión y las obligaciones de las entidades.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Educación a varias entidades para programas educativos, como el Programa MUS-E de la Fundación Yehudi Menuhin, la Confederación Estatal de Personas Sordas, FIAPAS, la FEMP, el CSIC, las ciudades de Ceuta y Melilla, el colegio Parque de España de Rosario y los Movimientos de Renovación Pedagógica. No se conceden en concurrencia competitiva porque son programas en funcionamiento que solo esas entidades pueden realizar.

Actualiza la composición y el funcionamiento de varios órganos consultivos y del organismo autónomo Real Patronato sobre Discapacidad para adaptarlos a la nueva estructura de los ministerios. Ajusta la Organización Nacional de Ciegos Españoles, la Cruz Roja Española, el Consejo Nacional de la Discapacidad y el Foro de Cultura Inclusiva. También busca una presencia equilibrada de mujeres y hombres y la participación de las personas con discapacidad.

Establece criterios generales para adaptar medios y tiempos y aplicar otros ajustes razonables en los procesos selectivos de acceso al empleo público para personas con discapacidad. Regula quiénes se benefician, cómo se piden las adaptaciones y cómo se conceden.

La ley establece medidas para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y fomentar la corresponsabilidad en las Illes Balears. Regula actuaciones en el sector público, el sector privado y entre los trabajadores autónomos, e incluye planificación, seguimiento y medidas fiscales.

Modifica las reglas para conceder traslados a funcionarios de carrera de la Administración General del Estado por discapacidad sobrevenida, agravación de la discapacidad o motivos de salud propios o de familiares a cargo. Concreta cómo se valora la solicitud cuando la persona está de baja médica.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas, impuestos cedidos y tributos propios, y cambia normas sobre servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente y organización administrativa. También reorganiza entes del sector público autonómico.

La ley establece medidas para simplificar los trámites administrativos en Cantabria. Regula los plazos para resolver procedimientos, el silencio administrativo, los informes sectoriales y la declaración responsable para actividades económicas. También crea los Proyectos Empresariales Estratégicos y la Unidad Aceleradora de Proyectos.

Regula cómo se pide y se decide incluir nuevas enfermedades o patologías en la lista que permite adelantar la jubilación a personas con un 45 % o más de discapacidad. Solo las asociaciones y organizaciones de afectados pueden pedir esa inclusión, y una comisión técnica estudia y valora cada solicitud.

La ley establece beneficios fiscales en Extremadura para facilitar el acceso a la vivienda, apoyar a jóvenes, colectivos vulnerables y afectados por ELA, y prorroga medidas tributarias vigentes hasta 2024. También adapta la normativa fiscal a la prórroga presupuestaria de 2025.