Real Decreto 796/2025, de 9 de septiembre, por el que se modifican el Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, por el que se reordena la Organización Nacional de Ciegos Españoles; el Real Decreto 415/1996, de 1 de marzo, por el que se establecen las normas de ordenación de la Cruz Roja Española; el Real Decreto 946/2001, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto del Real Patronato sobre Discapacidad; el Real Decreto 1855/2009, de 4 de diciembre, por el que se regula el Consejo Nacional de la Discapacidad; y el Real Decreto 1709/2011, de 18 de noviembre, por el que se crea y regula el Foro de Cultura Inclusiva.

El Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, atribuye al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de bienestar social y familia, de cohesión y de atención a las personas en situación de dependencia, con discapacidad, de protección de los animales, de consumo y protección de las personas consumidoras, de juego y de impulso para la implementación de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.

Por su parte, el Real Decreto 209/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, actualiza y reordena las funciones atribuidas a sus órganos superiores y directivos, con el fin de conseguir la máxima eficacia y racionalización en el cumplimiento de sus objetivos. Entre estos se encuentran la promoción y desarrollo de las políticas dirigidas a las personas con discapacidad, en el ámbito de las competencias constitucionalmente reservadas al Estado, y el ejercicio de la tutela del Estado sobre las entidades asistenciales ajenas a la Administración.

Entre los órganos colegiados adscritos al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se encuentran el Consejo de Protectorado de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, el Consejo de Protección de Cruz Roja Española, el Consejo Nacional de la Discapacidad y el Foro de Cultura Inclusiva. Todos ellos son órganos colegiados previstos de acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ya que están constituidos por representantes de diferentes departamentos ministeriales y de organizaciones representativas de intereses sociales. Los tres primeros bajo la presidencia de la persona titular del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y el Foro de Cultura Inclusiva, bajo la de la persona titular de la Secretaría de Estado de Cultura. Asimismo, depende del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 el organismo autónomo del Real Patronato sobre Discapacidad.

La nueva estructura de la Administración General del Estado exige adecuar los citados órganos colegiados y el organismo autónomo a la estructura departamental vigente con el fin de permitir un óptimo desempeño de sus funciones. La actualización de esta regulación busca también asegurar la presencia equilibrada entre mujeres y hombres, según lo establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas, así como la presencia y participación de las personas con discapacidad en estos órganos consultivos y en el organismo autónomo y de decisión de las políticas sociales.

El artículo 49 de la Constitución Española, tras su reforma de 15 de febrero de 2024 para adaptarlo al marco de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece el abordaje de la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos y mandata a los poderes públicos a impulsar políticas que garanticen la autonomía e inclusión social de las personas con discapacidad en entornos universalmente accesibles.