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Modifica las bases de las becas de formación práctica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Añade dos nuevas áreas de formación: gestión documental y archivos, y gestión bibliográfica y bibliotecas públicas.

Establece las bases para dar subvenciones a armadores y al sector pesquero, acuícola, comercializador y transformador. Las ayudas financian sistemas de seguimiento electrónico remoto, la digitalización de la flota pequeña y el apoyo al sector, y se convocan para 2021.

Establece las bases para dar subvenciones a agrupaciones de entidades que hagan proyectos de inversión y reforma en investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el sector pesquero y la acuicultura. También convoca estas ayudas para 2021, con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Reorganiza los ministerios del Gobierno. Crea el Ministerio de Hacienda y Función Pública y el Ministerio de Política Territorial, y suprime el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y el Ministerio de Hacienda. Fija la lista de 22 departamentos ministeriales.

Establece las bases reguladoras de las subvenciones para que titulares de explotaciones agrarias, operadores del sector pesquero e industrias agroalimentarias obtengan avales de SAECA que garanticen préstamos para su financiación. Regula beneficiarios, requisitos, cuantías, solicitud, resolución, pago y reintegro.

Modifica las bases reguladoras de las subvenciones para fomentar el asociacionismo en el sector pesquero. Amplía las entidades que pueden recibir las ayudas para incluir a las asociaciones representativas de la acuicultura. También ajusta el procedimiento de concesión para simplificar su tramitación.

Modifica la norma que regula la Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Reduce de trece a nueve los miembros de su Pleno, cambia el quórum para constituirse y permite celebrar sesiones a distancia.

Modifica la orden que creó la Comisión Ministerial de Seguimiento y Coordinación de Ayudas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Retira de esa comisión la función de seguimiento de la estabilidad presupuestaria, que ya ejerce la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Junta de Extremadura y anula los artículos 1 y 6 del Real Decreto 536/2019. Esos artículos daban nueva redacción a varios párrafos de los artículos 7 y 18 del Real Decreto 1338/2018, que regula el potencial de producción vitícola.

Crea la Comisión de Coordinación entre los Ministerios de Consumo, Sanidad y Agricultura, Pesca y Alimentación. Este órgano coordina las competencias de los tres ministerios sobre la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Regula sus funciones, composición y funcionamiento.

Crea el Sistema Archivístico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y regula su composición y funcionamiento. Establece las funciones de la Secretaría General Técnica, el régimen y calendario de transferencias de documentos, la eliminación de documentos y las actividades culturales y científicas.

Modifica las bases para conceder subvenciones a entidades asociativas del sector agrario y alimentario. Ajusta qué gastos se pueden subvencionar, cómo se justifican y los plazos de presentación.

Establece las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas para el primer tramo de 2020 destinadas a pescadores cuya actividad se paralizó por el COVID-19 y que tramitaron una suspensión de contrato o reducción de jornada. Las ayudas las gestiona el Instituto Social de la Marina y se pagan a través de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Modifica la norma que regula la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza para adaptar su composición a la nueva estructura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Fija 24 miembros y actualiza las referencias a órganos que cambiaron de nombre.

Amplía la aplicación de las ayudas del artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2019 a situaciones catastróficas ocurridas hasta el 31 de marzo de 2020. Estas ayudas subvencionan hasta el 50 % del coste de proyectos de reparación de infraestructuras y servicios municipales.