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Establece medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Incluye ayudas a personas, viviendas, empresas y ayuntamientos, medidas fiscales y de Seguridad Social, y líneas de avales y moratorias para hogares y empresas afectados.

Modifica la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Añade medidas sobre salud menstrual, anticoncepción, educación sexual y formación de profesionales. También regula la actuación frente al aborto forzoso y la gestación por sustitución.

La ley regula la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Establece medidas de los poderes públicos en ámbitos como el laboral, la salud, la educación, la cultura, el deporte, los medios de comunicación, la familia, la acción exterior, el medio rural y el turismo. También regula la rectificación registral de la mención al sexo, la protección frente a la discriminación y la LGTBIfobia, y un régimen de infracciones y sanciones.

Adapta la Orden ESS/1187/2015 a los cambios del Real Decreto 1060/2022 sobre la gestión de la incapacidad temporal. Elimina la entrega de copias en papel de los partes de baja, confirmación y alta a la persona trabajadora y su presentación a la empresa. La comunicación de esos partes pasa a hacerse por medios electrónicos entre la administración y la empresa.

Modifica la norma que regula la gestión y control de la incapacidad temporal en sus primeros 365 días. Suprime la entrega a la persona trabajadora de la copia en papel del parte médico destinada a la empresa y su presentación por esta. La comunicación de los partes y de los datos necesarios pasa a hacerse por medios electrónicos entre la administración y la empresa.

Regula el procedimiento para reconocer los derechos por enfermedad profesional y por accidente en acto de servicio del personal incluido en el mutualismo administrativo gestionado por la Mutualidad General Judicial. Establece cómo se inicia y tramita el expediente para averiguar las causas y la relación con el servicio, y los plazos para resolver.

El Congreso convalida el Real Decreto-ley 13/2022, que crea un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos y mejora la protección por cese de actividad. La convalidación mantiene vigente la norma.

Establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos basado en sus ingresos reales, con tramos de bases y cuotas según rendimientos. También mejora la protección por cese de actividad y prevé una aplicación gradual entre 2023 y 2025.

Actualiza los modelos 1 a 7 que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social deben presentar para justificar los coeficientes aplicados en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes. Fija nuevos coeficientes para septiembre a diciembre de 2021 y cambia plazos de presentación.

Modifica dos reglamentos de la Seguridad Social para adaptar los trámites de afiliación, alta, baja y cotización de los trabajadores autónomos. Refuerza la vía electrónica y permite cambiar las bases de cotización con más frecuencia dentro del año.

Modifica el plazo para que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social presenten la documentación que justifica la aplicación de coeficientes adicionales para gestionar la incapacidad temporal por contingencias comunes. El plazo pasa a contar desde la rendición de las cuentas anuales de 2021.

Aprueba el pago de una prestación extraordinaria a las personas que reciben pensiones no contributivas, Fondo de Asistencia Social, Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y Prestación Canaria de Inserción en Canarias, por los efectos sociales de la COVID-19. También fija un suplemento extraordinario para titulares de la Prestación Canaria de Inserción en tres municipios afectados por la crisis volcánica.

Modifica la norma que regula vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias de los miembros de las Fuerzas Armadas. Añade el derecho a pedir una compensación económica por vacaciones no disfrutadas cuando termina la relación de servicios por causas ajenas a su voluntad. También cambia la denominación de algunos permisos.

Modifica varios reales decretos sobre la Seguridad Social para adaptar la estructura y las competencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y el Ministerio de Inclusión. Actualiza el reparto de competencias en incapacidades laborales y en la gestión de prestaciones, y suprime funciones informáticas de la Secretaría General.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, sobre medidas sociales de refuerzo y consolidación en defensa del empleo. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.