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El Tribunal Constitucional inadmite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 3 del Decreto-ley 2/2018 de Extremadura, que regula las mejoras voluntarias de la Seguridad Social del personal de la Junta en incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y lactancia. La inadmisión se debe a que el juzgado no formuló correctamente el juicio de aplicabilidad de la norma al caso.

El Tribunal Constitucional inadmite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado de Cáceres sobre el artículo 3 del Decreto-ley 2/2018 de Extremadura, que extiende mejoras voluntarias de la Seguridad Social a situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia. La inadmisión se debe a que el juez no formuló correctamente el juicio de aplicabilidad de la norma al caso.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 10/2026, que aprueba medidas tributarias urgentes y otras medidas de apoyo para las víctimas de la DANA y otras situaciones de emergencia. La convalidación mantiene vigente esta norma.

Aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo Mutualidad General Judicial (MUGEJU), que gestiona la asistencia sanitaria y social del personal de la Administración de Justicia. Regula su estructura central y provincial, sus órganos de gobierno y participación, y su régimen económico, presupuestario, de contratación y de personal. También modifica el Reglamento del Mutualismo Judicial.

Establece medidas tributarias para las víctimas de la DANA de octubre y noviembre de 2024 y para las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica. Declara exentas del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades determinadas ayudas y cantidades recibidas. También fija medidas de endeudamiento y gasto para administraciones territoriales.

Fija las bases, topes y tipos de cotización a la Seguridad Social, desempleo, cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para 2026. Desarrolla las referencias del Real Decreto-ley 3/2026 mientras no se apruebe la Ley de Presupuestos. Incluye reglas para regímenes especiales, contratos a tiempo parcial y prácticas formativas.

Regula cómo se gestiona la baja médica por incapacidad temporal del personal de la Guardia Civil. Establece la estructura de la Sanidad del cuerpo, los trámites de los partes médicos, la inspección y control de las bajas y las retribuciones durante ese periodo.

Fija las cuantías de la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital y de los complementos de las pensiones no contributivas de jubilación e incapacidad en Aragón. Se actualizan conforme al IPC y al incremento de las pensiones no contributivas estatales.

Establece los términos para aplicar a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social los coeficientes de gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. Actualiza la Resolución de 27 de diciembre de 2024 conforme a la nueva redacción del artículo 24 de la Orden PJC/51/2024 dada por la Orden PJC/656/2025.

Modifica las reglas para conceder traslados a funcionarios de carrera de la Administración General del Estado por discapacidad sobrevenida, agravación de la discapacidad o motivos de salud propios o de familiares a cargo. Concreta cómo se valora la solicitud cuando la persona está de baja médica.

Modifica la norma que regula las cotizaciones a la Seguridad Social de 2024 para cambiar el reparto de la cuota que financia la incapacidad temporal por enfermedad común de las mutuas colaboradoras. Ajusta los coeficientes que se entregan a estas entidades.

Fija los términos para que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social apliquen coeficientes en la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. Define cuándo existe insuficiencia financiera del coeficiente general y los requisitos para acceder a coeficientes más altos.

Regula el procedimiento previo para decidir en qué grupos o actividades profesionales se permite anticipar la edad de jubilación aplicando coeficientes reductores. Estos supuestos son trabajos excepcionalmente penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres con altos índices de morbilidad o mortalidad. También se aplica a los trabajadores autónomos.

Modifica el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social en materia de incapacidad permanente. Antes de extinguir el contrato de una persona con incapacidad permanente total, la empresa debe intentar ajustes razonables en el puesto de trabajo.