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Crea la Mesa del sistema de gestión y control de las intervenciones del Plan Estratégico y otras ayudas de la Política Agrícola Común. Regula sus funciones, su composición y su funcionamiento, con el fin de aplicar de forma armonizada las medidas de la PAC en España.

Actualiza los acuerdos que fijan qué comprueba la Intervención General antes de autorizar ciertos gastos públicos. Revisa los requisitos básicos para gastos generales, contratos públicos, convenios y transferencias a comunidades autónomas.

Regula qué revisa el Protectorado de fundaciones de competencia estatal cuando las fundaciones presentan sus cuentas anuales y sus planes de actuación. Fija cómo se presentan, cómo se solicita el depósito y qué aspectos se comprueban formalmente.

Modifica las instrucciones para el ejercicio de la auditoría pública de la Intervención General del Estado. Cambia cómo se elaboran, tramitan y remiten los informes de auditoría y cómo se piden los planes de acción para corregir los problemas detectados.

Desarrolla y aplica en Aragón la Ley 1/2021 de simplificación administrativa. Regula el silencio positivo, el plazo de resolución de tres meses y la sustitución de autorizaciones previas por declaraciones responsables o comunicaciones. Modifica varias leyes autonómicas para adaptar sus procedimientos.

La ley organiza el sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Define qué entidades lo forman, cómo se crean, transforman y extinguen, y cómo se coordinan entre sí. También regula su funcionamiento al servicio de la ciudadanía, incluida la administración electrónica y el uso de las lenguas.

Modifica tres circulares del Banco de España para adaptar la normativa española a las reformas bancarias europeas CRD V y CRR II. Ajusta las reglas de supervisión y solvencia de las entidades de crédito, las opciones regulatorias del reglamento europeo y la transparencia de los servicios bancarios.

Actualiza las instrucciones internas para el control financiero permanente que realiza la Intervención General del Estado. Cambia cómo se elaboran, tramitan y comunican los informes de control y cómo se hace el seguimiento de sus resultados.

Modifica la Instrucción que regula cómo los partidos políticos y sus fundaciones presentan telemáticamente sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas. Establece el formato de esas cuentas y el cumplimiento de las obligaciones de información. Incluye dos disposiciones transitorias.

Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Modifica las normas contables de los fondos sin personalidad jurídica del sector público estatal. Permite revertir el deterioro de valor de instrumentos de patrimonio valorados al coste que no cotizan en mercado activo. Añade una subcuenta contable para registrar esa reversión.

Regula los principios generales y la organización del sistema de información contable de la Seguridad Social. Sustituye al Real Decreto 508/2000 y actualiza el marco que aplica la Intervención General de la Seguridad Social. Incluye el ámbito de aplicación, los fines y los principios del sistema.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2021. Fija los créditos iniciales de la Administración General, sus organismos autónomos y entidades públicas, y regula su financiación. Incluye normas sobre gastos de personal, gestión presupuestaria, deuda pública y tributos.

Modifica la Circular 2/2016 del Banco de España sobre supervisión y solvencia de las entidades de crédito. Con ello completa la adaptación del derecho español a la Directiva 2013/36/UE y al Reglamento (UE) n.º 575/2013. La norma se enmarca en el desarrollo de herramientas macroprudenciales para el sistema financiero.

Crea la Mesa del sistema integrado de gestión y control de los pagos de la Política Agrícola Común, adscrita al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Regula sus funciones, su composición y su forma de funcionamiento.

Modifica el Real Decreto 706/1997 para permitir que los expedientes de reconocimiento de prestaciones de la Seguridad Social se repartan automáticamente entre las distintas intervenciones delegadas, según las cargas de trabajo. También amplía la competencia territorial de los órganos provinciales de las entidades gestoras.

Regula cómo se organiza y funciona la Oficina Nacional de Evaluación, un órgano colegiado que analiza la eficiencia y sostenibilidad del gasto público y de los proyectos de colaboración público-privada. Establece su Pleno, su Unidad Técnica, los informes que debe emitir y los plazos para hacerlo.