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El Congreso convalida el Real Decreto-ley 19/2026, que regula la jubilación parcial anticipada del personal laboral de las Administraciones Públicas y el complemento de insularidad en Illes Balears. La convalidación mantiene vigente esta norma.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra la Ley 1/2026 de las Illes Balears, que deroga la ley autonómica de memoria y reconocimiento democráticos. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, queda suspendida la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados.

Publica el acuerdo del Consejo de Ministros que fija las nuevas cuantías mensuales de la indemnización por residencia del personal del sector público estatal destinado en Illes Balears. La actualización se aplica a los distintos grupos y subgrupos profesionales y tiene efectos económicos desde el 1 de julio de 2026.

El Tribunal Constitucional resuelve un recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos del Decreto-ley balear 5/2024, que modificaba normas autonómicas en materias como espacios naturales, agricultura, educación, empleo público, turismo, urbanismo y vivienda. La sentencia analiza si el decreto-ley justificó la extraordinaria y urgente necesidad y si respetó los límites materiales.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 4 c) del Decreto-ley 11/2020 de las Illes Balears, que creó un régimen sancionador para incumplir las normas dictadas durante la crisis de la COVID-19. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

Reforma el Reglamento de Les Corts Valencianes para cambiar cómo se eligen las mesas de las comisiones y de la cámara, reorganizar las comisiones permanentes y ordenar el debate de política general. También actualiza el régimen de subvenciones y medios de los grupos parlamentarios.

Modifica las condiciones de la ruta aérea Menorca-Madrid, declarada de servicio público entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo. Fija un mínimo de tres frecuencias diarias (seis vuelos) y una capacidad mínima de 100 asientos por vuelo. Los cambios se aplican cuando termine el contrato actual de la ruta en exclusividad.

Fija los días inhábiles de 2026 en las Illes Balears para contar los plazos administrativos. Incluye los sábados, domingos, 12 festivos autonómicos y nacionales, y las fiestas locales de cada municipio. También indica qué días son inhábiles para la Sede Electrónica autonómica.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos y disposiciones de la Ley 4/2025 de las Illes Balears, que regula actuaciones urgentes para obtener suelo mediante proyectos residenciales estratégicos. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz u oficinas de justicia en los municipios. La cuantía depende del número de habitantes del municipio y se aplica al crédito de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogados para 2025.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra dos disposiciones del Decreto-ley de Illes Balears 5/2023, que suprimió la exigencia de un nivel de catalán como requisito para acceder a puestos sanitarios del Servicio de Salud de las Illes Balears y derogó los preceptos de la Ley 4/2016 que se le opusieran.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios apartados del artículo 7 y una letra de la disposición derogatoria única del Decreto-ley 5/2024 de las Illes Balears, que modifica normas sobre espacios naturales, agricultura, educación, empleo público, turismo, urbanismo y vivienda.

Modifica las condiciones de la ruta aérea Menorca-Madrid sujeta a obligaciones de servicio público. Las obligaciones se aplican del 1 de noviembre al 31 de marzo y se fijan frecuencias mínimas y horarios para esos meses.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 1.1 del Decreto-ley 5/2021 de las Illes Balears, que modificaba la Ley de salud pública autonómica. Declara nulos los preceptos que habilitaban a órganos autonómicos a adoptar medidas preventivas y tipificar infracciones en salud pública, por invadir límites materiales de los decretos-leyes autonómicos.

Modifica el ámbito territorial de varias unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social en Illes Balears, Barcelona, Córdoba, Madrid, Salamanca, Cantabria, Sevilla, València/Valencia y Zaragoza. Algunas unidades dejan de operar y su territorio se integra en otras. Surte efectos desde el 1 de enero de 2025.

Declara «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio dañado por la DANA que afectó a la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Esta declaración permite aplicar las medidas de ayuda previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz, según el número de habitantes del municipio. Se aplica a los ayuntamientos de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra dos partes del Decreto-ley 5/2023 del Gobierno de las Illes Balears, sobre medidas urgentes en educación y sanidad. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

Fija los días inhábiles de 2024 en las Illes Balears para contar los plazos administrativos. Además de sábados y domingos, incluye doce fiestas autonómicas y nacionales y las fiestas locales de cada municipio.