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El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 21/2026, de 25 de agosto, sobre transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés. La derogación se aprueba conforme al artículo 86.2 de la Constitución y se ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra la Ley 1/2026 de las Illes Balears, que deroga la ley autonómica de memoria y reconocimiento democráticos. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, queda suspendida la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados.

Fija cómo los representantes de candidaturas electorales proclamadas piden y reciben por internet una copia del censo electoral vigente. Las juntas electorales envían las candidaturas proclamadas a la Oficina del Censo Electoral y las solicitudes se presentan por la sede electrónica del INE con Cl@ve. Sustituye a la Instrucción 3/2023.

El Congreso convalida el Real Decreto-ley 6/2026, que modifica la Ley de Memoria Democrática. La norma trata el reconocimiento a favor de personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la Democracia.

Establece cómo funciona la Lista de Confianza de Espacios de Datos: qué espacios pueden inscribirse, qué información se publica de cada uno, el formulario de solicitud, los criterios de evaluación y un correo oficial de contacto. También inscribe de oficio el Espacio Nacional de Datos de Salud.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto entre órganos constitucionales presentado por el Senado contra el Congreso de los Diputados. El conflicto se refiere a un acuerdo de la Mesa del Congreso de 15 de octubre de 2024 sobre un proyecto de ley orgánica que adapta la normativa española al Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS).

Regula el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa (BOD): su carácter oficial, contenido, estructura, procedimiento de publicación y acceso. Establece la edición digital como única forma de difusión y suprime la edición en papel.

Actualiza el Reglamento del Senado. Cambia normas sobre derechos y deberes de los senadores, la organización de la Junta de Portavoces y las comisiones, el desarrollo de las sesiones y las votaciones, el trámite de las leyes y el control al Gobierno. Crea dos comisiones nuevas.

Esta orden fija los plazos y el modelo para que las plataformas en línea de alquiler de corta duración envíen datos a la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. Los datos incluyen el número de registro, la dirección de la unidad y la actividad de alquiler por unidad.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra la ley de Cantabria que derogó la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, queda suspendida la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados.

Crea y regula el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En él se inscriben los poderes que una persona otorga a otra para realizar trámites concretos ante este organismo. Establece cómo se otorgan, aceptan, inscriben, modifican, renuevan y revocan esos poderes.

Establece las bases para conceder ayudas públicas a proyectos que desarrollen productos y servicios tecnológicos para espacios de datos sectoriales. Estas ayudas se financian con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del programa europeo Next Generation EU.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra la Ley 1/2024 de Aragón, que derogó la ley de memoria democrática aragonesa de 2018. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la ley impugnada queda suspendida en su vigencia y aplicación.

Aprueba un servicio de asistencia al ciudadano por videoconferencia en los Puntos de Información Catastral, donde el personal del Catastro atiende a distancia. También añade la consulta y certificación del valor de referencia de los inmuebles y permite prestar algunos servicios por vía telemática.

España ratifica el Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos, que regula el derecho de las personas a pedir y recibir documentos de las administraciones. Incluye reservas para mantener el secreto estadístico, tributario y de la Seguridad Social, y declara que las comunicaciones con la Familia Real pueden limitarse.

Establece cómo los representantes de candidaturas electorales pueden acceder por internet a las copias del censo electoral vigente, en lugar de recibirlas en CD-ROM. Fija los pasos: las juntas electorales envían las candidaturas proclamadas a la Oficina del Censo Electoral y los representantes solicitan el acceso en dos días.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos del Real Decreto-ley 14/2019, que regula medidas urgentes en administración digital, contratación pública y telecomunicaciones. La sentencia analiza si la norma respetó los límites del decreto-ley y la distribución de competencias, y declara la constitucionalidad de los preceptos que modifican la administración y firma electrónica e intervención, seguridad y disciplina de redes y servicios de comunicaciones.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de ASEDIE contra el Real Decreto 327/2021, que adaptó la ordenación del BOE al Tablón Edictal Judicial Único. Anula el apartado cuatro del artículo único de esa norma, que daba nueva redacción al párrafo tercero del apartado 4 del artículo 14 del Real Decreto 181/2008. No impone costas a ninguna de las partes.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 32/2021, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Ordena su publicación para general conocimiento.